El Ministerio de Seguridad Social ha decidido recuperar la limitación de las comisiones máximas del fondo público de pensiones, que había desaparecido en los últimos borradores. En concreto, las firmas privadas que aspiren a gestionar los fondos de empleo de promoción pública o los planes de pensiones simplificados deberán aceptar un límite del 0,3% en los costes de gestión.
Con esta decisión, el Gobierno se afana en incrementar el atractivo de los planes de empresa en los dos colectivos en los que apenas tiene presencia: las pymes y los autónomos. Existen serias dudas de que el Ejecutivo logre tal objetivo. Más aún teniendo en cuenta la escasez de incentivos fiscales que presenta el proyecto, lo que dificultará que las empresas lo promocionen entre sus empleados. Pero lo que ya es una realidad es que topar las comisiones de gestión supone todo un desafío para la industria de los planes de pensiones en nuestro país, tal y como ahora se presenta ante los ahorradores. En su oferta actual, el mayor peso corresponde a los planes de pensiones individuales y estos cuentan con unas comisiones cuyos valores discurren entre el 1,05% y el 1,7%.
A la industria de la gestión no le queda más remedio que reducir sus tradicionales y altas comisiones si quieren participar en el fondo público. Ahora bien, el límite tan bajo impuesto por el Gobierno también supone un castigo a las gestoras que realicen una buena gestión activa y ofrezcan así altas rentabilidades a sus clientes. En esos casos, el tope en los costes de gestión puede desincentivar que las firmas se esfuercen por obtener elevadas rentabilidades, lo que acabará perjudicando a los partícipes y también al necesario ahorro de los españoles en el largo plazo.
