El Consejo de Ministros dio ayer luz verde definitivamente al proyecto de ley para la articulación del fondo público de pensiones.
El Ejecutivo culmina así su plan de fomentar el ahorro complementario para la jubilación, dando absoluta prioridad a los planes de empleo. Al aprobarlo también cumple con una de las demandas de Bruselas para concentrar la llegada de fondos Next Generation por 6.000 millones. El texto definitivo presenta alguna mejora respecto a los primeros borradores. Es positivo que se haya dado marcha atrás en la intención de contar con representantes de ONG en los comités de supervisión de las inversiones y que la gestión del fondo público se rija ahora por criterios puramente técnicos y financieros. El proyecto también ha incorporado incentivos fiscales a los trabajadores para impulsar los planes colectivos, estableciendo en los 10.000 euros los límites de deducción. Ahora bien, el texto carece de incentivos para las empresas. Para empezar los 400 euros anuales que permitirá a las compañías ahorrar por trabajador si aporta al fondo público de pensiones es un cifra claramente insuficiente. Aunque más grave aún es que el Gobierno no incluya la demanda más importante de las patronales y que era una condición indispensable para que apoyaran la medida: la desgravación fiscal en el impuesto de Sociedades. Esta carencia supone un serio obstáculo para que las empresas lo promocionen entre sus empleados. El rechazo de unos de los actores clave para su puesta en marcha muestra las debilidades del fondo público de pensiones y aleja el ya muy ambicioso objetivo del Gobierno de quintuplicar el ahorro a largo plazo complementario para la jubilación.
