Los empresarios no apoyaron la primera parte de la reforma de las pensiones y consideran "difícil" que su posición cambie respecto a la segunda pata de dicha reforma, que el Ejecutivo debe sacar adelante para cumplir con Bruselas.
En ambos casos, la causa del rechazo es la misma: el modo en que el Gobierno prevé reflotar los ingresos de la Seguridad Social, por la vía del incremento de las bases máximas de cotización. Es decir, la penalización a las rentas más altas para lograr mayores contribuciones al sistema público de pensiones. Ante el desafío que suponen las jubilaciones de la generación del baby-boom, el Gobierno focaliza todos los esfuerzos para aumentar los ingresos de la Seguridad Social en el incremento de cuotas, del 0,6% durante 10 años, que se aplicará a la totalidad de los trabajadores con independencia de su nivel de renta. Pero a esta subida general de cotizaciones se suma un destope progresivo de las bases máximas, desde los 49.000 euros en adelante, hasta 2050. Este incremento llevaría a estos cotizantes a pagar 5.600 millones más que, según los expertos, no bastaría para hacer frente al mayor gasto en las prestaciones. Más aún si al mismo tiempo se produce un lógico aumento de las pensiones máximas para mantener la contributividad. Los empresarios, por tanto, muestran una adecuada posición de rechazo ante un alza de cotizaciones que también perjudica al mercado laboral, ya que al centrarse en los que más cobran (los directivos) hará menos competitiva a la economía y las empresas, que tendrán mayores dificultades para atraer talento. Queda así patente que el empeño del Gobierno por castigar a las rentas altas convierte en difícil el necesario consenso en una reforma tan importante como la de pensiones.
