"España puede perder 30 años de éxito con el automóvil". La alarma la daba Carlos Tavares, consejero delegado de Stellantis. Y la confirma el presidente de Renault España y vicepresidente del grupo Renault, José Vicente de los Mozos, cuando admite que nuestro país está en riesgo de dejar de ser el segundo lugar en el ranking europeo de fabricantes de automóviles.
Declaraciones que se producen justo cuando el Gobierno está preparando una nueva subida de los carburantes, dentro de esa tramposa armonización tributaria que bajo el disfraz de un pretendido ecologismo vuelve a castigar a los trabajadores y a las rentas más desfavorecidas, además de incidir en la opresiva e injusta confiscación sobre el automóvil, uno de los principales sectores productivos y generadores de empleo de un país con más de cuatro millones reales de desempleados y asfixiado por una inflación galopante.
Los números, que como el algodón no engañan, muestran que España es, a pesar del Gobierno, el segundo productor de automóviles de Europa, tras Alemania, y el octavo mundial. A nivel europeo es el primer fabricante de vehículos industriales, el segundo de turismos y el cuarto de componentes. La fabricación de vehículos de motor y otro material de transporte aporta el 12,7% del valor añadido bruto (VAB) del país y el 10,5% del empleo manufacturero, lo que la convierte en la segunda actividad manufacturera, tras el sector agroalimentario, al que también se empeñan en demonizar.
Si a esto añadimos el resto de actividades complementarias a la fabricación (distribución y comercialización, posventa, servicios financieros y seguros, transporte, estaciones de servicio, alquiler y autoescuelas), la aportación de la automoción superaría el 11% del PIB y en términos de empleo, alcanzaría 1,8 millones de ocupados, el 9% del total. Es además el tercer sector exportador por detrás de los bienes de equipo y de alimentación y bebidas, con 37.991 millones en los diez primeros meses de 2021.
Pues bien, este sector fundamental para nuestro tejido industrial y nuestra economía ha cerrado un nefasto 2021 con un desplome de las ventas del 32% respecto a 2019, con sólo 859.477 unidades de turismo y todoterrenos en un mercado que habitualmente ronda los 1,2 millones de vehículos. Y, si hablamos de la producción también el año pasado fue peor que en 2020, cayeron un 6,8% hasta 2,11 millones de unidades, y eso que en ese año las fábricas estuvieron dos meses paradas.
Y es en este escenario de caída, el Gobierno ha subido el impuesto de matriculación lo que va a elevar el precio medio de un vehículo entre 1.500 y 3.000 euros, cuando comprar un coche nuevo está sujeto al pago del tipo máximo de IVA, del 21%, el mismo que grava también la venta de las gasolinas. Y esta presión impositiva se agrava con el llamado impuesto de circulación, que gestionan los ayuntamientos y que se obliga a pagar sólo por el hecho de ser propietario de un vehículo. Y es que en esto de explotar al automóvil y a los automovilistas no hay diferencias entre administraciones, partidos políticos e ideologías. Todos se apuntan a chupar de la teta como demuestran la proliferación parquímetros que suponen una doble imposición, y cada vez más caros, o restringiendo las zonas y límites de velocidad en las ciudades con un mero fin recaudatorio. Que nuestra integridad y nuestras vidas sólo les importan como excusa para justificar multas y sanciones.
Si fueran de verdad ecologistas, más que oportunistas, se preocuparían por subvencionar la comprar de automóviles híbridos o eléctricos, los más caros con diferencia del mercado, y por invertir en la investigación de baterías y motores eléctrico como están haciendo en Francia o Alemania. ¿Acaso no son conscientes de que quien no cambia un coche viejo es porque no puede, no porque no quiere?
Y frente a esto, qué hacen las asociaciones de defensa de los automovilistas? Pues lo mismo que las asociaciones de la prensa y los colegios de periodistas ante los ataques a la libertad de prensa del Gobierno, las homilías de Sánchez sin preguntas y las discriminaciones a medios e informadores que no son sumisos o propagandistas del Ejecutivo. Nada. Absolutamente nada.
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