Los incrementos fiscales aprobados en 2021 en Sociedades, IRPF, planes de pensiones, matriculaciones y el nuevo sistema de valoración del catastro generan una subida de impuestos de 3.273 millones ya desde el inicio de 2022.
Las empresas son las que más sufren estas alzas, ya que sobre ellas recae el 70% del aumento tributario (2.271 millones). Estas subidas reflejan la política económica basada en los mayores tributos que Moncloa impulsa. Con ella, la presión fiscal que ya soportan los españoles (36,6%) sigue creciendo, a pesar de que en la actualidad ya supera la media de la OCDE (33,5%). Así lo refleja el último informe anual de ingresos fiscales publicado por la propia OCDE, que deja claro que, al contrario de lo que defiende el Ejecutivo, el esfuerzo tributario de los españoles es superior al de la mayoría de los países desarrollados. Más aún si se tiene en cuenta que el organismo no refleja en sus estadísticas la verdadera magnitud de la presión fiscal que se les exige a los españoles, al no contabilizar la evolución de la renta per cápita y los efectos distorsionadores de la economía sumergida (el 20% de la actividad).
Las alzas de impuestos que el Gobierno impulsa supondrán un lastre para el consumo y la creación de empleo
Resulta evidente que estas alzas de impuestos ya aprobadas, y aquellas por las que aboga Hacienda en su futura reforma fiscal, elevarán aún más el sacrificio realizado por las empresas y los ciudadanos. Este esfuerzo será sin duda nefasto para el consumo. Pero los mayores costes que las compañías ya deben asumir también suponen un serio lastre para la creación de empleo. Todo ello deja patente que los incrementos fiscales que impulsa el Gobierno de coalición originan mayores dificultades a una recuperación económica que ya es más lenta de lo que se esperaba.
