El índice adelantado del INE correspondiente al mes de diciembre sitúa la inflación general en el 6,7%. Esta cifra supone un crecimiento de más de un punto frente a noviembre, el mayor desde 1992. A pesar de ello, el Gobierno restó ayer mismo importancia a este incremento. Considera que es transitorio y que los precios bajarán en 2022.
El optimismo del Ejecutivo es más que discutible. Para empezar, los futuros de la energía, la gran responsable de la alta inflación, marcan que la tendencia alcista continuará tras la breve tregua otorgada por la caída del gas. Por si fuera poco, el IPC sigue mostrando un comportamiento preocupante incluso después de aislar los efectos de la energía. Lo evidencia la inflación subyacente en España que, tras meses de mantenerse por debajo el 1%, supera ya el 2,1% y las previsiones apuntan a que seguirá al alza por los problemas de las cadenas de suministros. En este contexto, es más que comprensible que muchos sectores se vean obligados a trasladar estos aumentos de precios a sus servicios. De momento, transporte, logística, inmobiliario, hostelería, moda y alimentación repercutirán los mayores costes que asumen en el cliente final. Pero es más que previsible que la práctica totalidad de los sectores prosigan el mismo camino a lo largo de 2022.
Las presiones inflacionistas se trasladan al bolsillo de los ciudadanos, lo que supondrá un freno para el consumo
El consumidor, por tanto, resultará damnificado al ver como las presiones inflacionistas se trasladan a su bolsillo en múltiples productos básicos a los que las familias no pueden renunciar, como es el caso de la energía, los carburantes o la alimentación. Este incremento restará poder adquisitivo a los ciudadanos, lo que irremediablemente frenará el consumo. Supondrá un duro golpe para una recuperación económica que ya en 2021 no cubrió las expectativas.
