Ironías del destino o conjunción astral. Sea como fuere lo cierto es que en esta ocasión los hados se han conjurado para hacer coincidir la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado con el día de los Inocentes.
Una cuentas que, de existir el galardón, a buen seguro recibirían el premio a la inocentada del año y que, como se han encargo de advertir y demostrar las principales instituciones económicas nacionales e internacionales y la mayoría de analistas, más que cuentas son un cuento en sus previsiones macroeconómicas, los cálculos de ingresos y la distribución de los recursos, tan arbitraria como injusta entre programas, organismos y comunidades autónomas, al utilizar los dineros públicos como instrumento propagandístico y para premiar a los socios parlamentarios de la Frankestein.
La OCDE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han sido los últimos en sumarse a la revisión a la baja de las perspectivas de crecimiento de la economía española. Con un 4,5% para 2021 y un 5,5% para 2022 en el caso de la OCDE, dos puntos y punto y medio menos que el 6,5 y 7%, respectivamente en que se empecinan las ministras Calviño y Montero con su jefe al frente. Y un 4,6% y un 5,8% según el FMI.
De hecho, y si las matemáticas no engañan, el crecimiento del 2,6% del PIB en el tercer trimestre obligaría a crecer entre ocho o nueve puntos porcentuales para cumplir las proyecciones del Gobierno para 2021, algo no sólo impensable, sino imposible.
Descensos de pronósticos que se sitúan en la línea de las realizadas por el Banco de España, con unas tasas del 4,5% y 5,4% en ambos ejercicios o el Instituto de Estudios Económicos (IEE) – 4,6% y 5,2%- por citar sólo a otros dos de los destacados que se han sumado a las rebajas, actualizando sus pronósticos una vez que la variante ómicron del COVID ha sembrado otra vez la incertidumbre sobre la recuperación, además de considerar "insuficientes" las reformas del Gobierno e insistir en la necesidad de bajar los niveles de deuda, que ha llegado al 112% del PIB, a estándares más sostenibles.
Otro elemento preocupante es la inflación, cuyo repunte puede alargarse en el tiempo, generando una caída en las rentas familiares, del consumo y en los márgenes empresariales, así como consecuencias negativas en la producción, añadido a las alteraciones en las cadenas de suministro.
Recuerdan estos organismos que España ha pasado de ser el motor de la Eurozona a una de las economías que más va a tardar en recuperar los niveles precrisis, que se posponen a 2023, mientras que la oficina de estadísticas de la UE, Eurostat, ha certificado que nuestro país ha caído hasta el puesto 17, de los 27 estados miembros, en renta per cápita, además de representar sólo el 8,4% del PIB de la Unión, el peor dato en 20 años. Pues eso, una inocentada en un país que no está para bromas.
Y para terminar un apunte sobre el acuerdo para la reforma laboral que, al final y digan lo que digan la vicepresidenta Yolanda Díaz y los sindicatos, ni ha habido derogación y ni siquiera travestismo. Cierto es que ha habido concesiones por ambas partes, pero desde el punto de vista empresarial se han mantenido las líneas generales, los principios básicos y la flexiseguridad que inspiraron la reforma de Fátima Báñez y que han permitido crear medio millón de empleos anuales entre 2013 y 2019.
La recuperación de la ultraactividad no era un tema básico, la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa se ha limitado sólo a los salarios, pero no a los complementos y al resto de las condiciones laborales y la limitaciones a la temporalidad, que no han sido tantas ni tan drásticas, eran una condición sin qua non de Bruselas. Aún con deficiencias, CEOE y su presidente han conseguido un buen acuerdo, para la economía y para España, y lo que procede ahora es estar muy atentos para que el Gobierno no ceda a las presiones de los Frankestein cambiando en el Parlamento lo que ha firmado en la negociación social. Y si lo hace, obrar en consecuencia.
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