El impacto de reivincular la actualización anual de las pensiones al IPC descuadra ya las previsiones del Gobierno plasmadas en los Presupuestos de 2022.
Concretamente, la diferencia entre las cifras fijadas en septiembre, fecha en la que se redactó el documento, y el coste real alcanza ya los 2.750 millones. Es decir que en solo dos meses, el rally inflacionista de fin de año (2,5% entre noviembre de 2020 y de 2021) ha agregado 0,2 décimas del PIB al gasto total de las pensiones en el próximo ejercicio. Por si fuera poco, este incremento volverá a quedarse corto ya en un mes tan cercano como enero. Entonces será necesario recurrir otra vez a la paguilla compensatoria del poder adquisitivo de los jubilados, ya que estos vieron incrementadas sus prestaciones un 0,9% en enero de 2021 y es obvio que el IPC terminará este año muy por encima de esa cifra. De hecho, al término de noviembre los precios se situaron en el 5,5%, su nivel más alto en casi tres décadas. Pero resultaría ingenuo pensar que los inconvenientes se limitan a coyunturas puntuales como la actual. Bruselas ya alertó en junio que la revalorización de pensiones según el IPC elevará el gasto también "en el medio y el largo plazo". En paralelo, múltiples organismos y expertos alertan de que la primera parte de la reforma de las pensiones será incapaz de evitar el fuerte alza del déficit que la jubilación de la generación del baby boom provocará. Puede que la reindexación de las pensiones a la inflación, obviando medidas compensatorias que habrían ayudado a reducir el gasto, sea útil desde el punto de vista electoral y político. Pero lo ha conseguido pagando el alto peaje de agravar el problema del alto gasto de la Seguridad Social.
