El primer ministro japonés, Fumio Kishida, sobrevivió a las elecciones generales del 31 de octubre, que se celebraron pocas semanas después de su llegada al cargo como nuevo líder de la nación. Al perder sólo 15 escaños, el Partido Liberal Democrático obtuvo mejores resultados de lo esperado y mantendrá una cómoda mayoría en la Cámara de Representantes, con 261 de los 465 escaños.
El perdedor relativo fue el mayor partido de la oposición, el Partido Democrático Constitucional, que perdió 13 escaños, quedando con 96. Sus resultados fueron peores de lo previsto, a pesar de haber coordinado su selección de candidatos con otros partidos de la oposición.
Un gran ganador fue el Partido de la Restauración (Nippon Ishin no Kai), que ganó 30 escaños y ahora tiene 41, lo que lo convierte en el tercer partido más grande de la Cámara, después del PLD y los Demócratas Constitucionales. Atrajo a votantes críticos con la gestión del PLD en la crisis del COVID-19, pero reacios a apoyar a los Demócratas Constitucionales, debido a su cooperación con el Partido Comunista durante la campaña electoral.
Kishida parece haberse beneficiado de un descenso fortuito de la tasa de infección por COVID-19. Su predecesor inmediato, Yoshihide Suga, no tuvo tanta suerte. A finales de agosto, la media de siete días de nuevos casos en Japón se disparó hasta su nivel más alto desde el inicio de la pandemia, superando los 25.000 en la semana del 23 de agosto. A principios de septiembre, Suga anunció su dimisión.
Desde entonces, sin embargo, los nuevos contagios han descendido rápidamente, y la media de siete días cayó por debajo de los 270 el día de las elecciones. Los expertos aún no se han puesto de acuerdo sobre todos los factores subyacentes a este espectacular cambio, pero el aumento de la tasa de vacunación del 40% al 70% en el mismo periodo de dos meses seguramente ayudó. Sea cual sea la explicación completa, Kishida tuvo suerte.
Pero Kishida también consiguió desbancar a los demócratas constitucionales adoptando una plataforma económica más de izquierdas. Durante la campaña, prometió poner especial énfasis en la redistribución de la renta y sustituir el enfoque neoliberal imperante por lo que él llama "nuevo capitalismo". Estas promesas desvirtuaron la afirmación de los Demócratas Constitucionales de que las anteriores políticas del PLD bajo los primeros ministros Shinzo Abe y Suga habían ampliado la brecha de ingresos.
El Partido de la Restauración, sin embargo, pudo llenar parte del vacío en el centro-derecha al criticar el énfasis de Kishida en la redistribución, argumentando que lo que el país realmente necesita son reformas estructurales para impulsar la tasa de crecimiento.
Ahora que Kishida y el PLD se han impuesto, la gran pregunta que queda es qué significará en la práctica el "nuevo capitalismo". Las primeras señales no auguran nada bueno. La primera decisión política concreta de Kishida fue el desembolso de 100.000 yenes (878 dólares) a cada persona de 18 años o menos. Y aunque este programa contiene una disposición de comprobación de medios (sobre los ingresos del hogar), el límite máximo es tan alto que el 90% de todos los menores japoneses cumplen los requisitos.
Luego, en respuesta a las previsibles críticas de que los desembolsos en efectivo sólo aumentarán el ahorro de los hogares en lugar del consumo, Kishida declaró que la mitad de la prestación vendría en forma de cupones de compra. Pero este cambio apenas garantiza que el consumo de los hogares aumente, porque los cupones pueden simplemente sustituir al dinero en efectivo que luego se ahorrará.
En definitiva, aunque el objetivo de Kishida de ayudar a los padres trabajadores es loable, el método que ha elegido es erróneo. Peor aún, otra iniciativa que se está estudiando subvencionaría (mediante una rebaja fiscal) a las empresas que aumenten los salarios en determinadas condiciones. Estos incentivos pueden hacer subir los salarios y el empleo, pero no son la forma más eficaz de lograr ese objetivo.
Un enfoque más sensato sería centrarse en aumentar la movilidad de los trabajadores dentro del mercado laboral. Eso empieza por suprimir la estructura de pagos diferidos (aumentando la indemnización por despido con la permanencia en el puesto) y los salarios por antigüedad (con la permanencia en el puesto), junto con ayudas financieras para el reciclaje de los trabajadores a mitad de carrera. Además, la mejor manera de aumentar la productividad y los salarios a largo plazo es dedicar una mayor parte del plan de estudios de la escuela secundaria a las asignaturas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), y suprimir el sistema de determinación de las carreras universitarias en el momento de un examen de acceso.
Otra idea que el gobierno de Kishida ha planteado es subvencionar a los mayoristas de petróleo cuando el precio de la gasolina al por menor alcance un determinado umbral (alrededor de 170 yenes por litro). Pero esto suena como el tipo de subvención de combustible que la mayoría de los economistas aborrecen. Este tipo de políticas suelen encontrarse en las economías emergentes y en desarrollo, donde están destinadas a comprar el apoyo político de las familias de bajos ingresos. Una vez introducido, el programa, con todas sus ineficiencias, será políticamente peligroso de revertir. Una alternativa mejor es el enfoque estándar de los libros de texto, que consiste en proporcionar ayudas directas a las familias de bajos ingresos y a las empresas esenciales.
Los primeros indicadores sugieren que el nuevo capitalismo de Kishida es, en realidad, socialismo puro y duro. Eso no servirá a Japón. La economía necesita reformas estructurales para apoyar su desarrollo, no subsidios que simplemente distorsionen los mercados.
