Las cifras dan fe de que las pymes han sido las grandes perjudicadas por la COVID-19. A pesar de las ayudas del Gobierno para ayudarles a salir de la crisis, muchas no han sido capaces de subsistir. El propio proyecto de la Ley de Presupuestos para 2022, con la crisis sanitaria casi superada, admite que la pandemia dejará, al menos, un 9% de las empresas no financieras de nuestro país en serios problemas de solvencia.
Hablamos de que, pese a tales iniciativas, más de 100.000 pequeñas y medianas empresas españolas siguen estando al borde de la quiebra. ¿El gran problema? Debido a la severidad de los requisitos y a la burocracia, muchas no pueden ni pensar en solicitarlas.
Para paliar los efectos de la pandemia, el Gobierno lanzó la Línea Covid de ayudas directas. Publicada en el Real Decreto-ley 5/2021, fijaba una dotación de 7.000 millones de euros para las empresas de los sectores más afectados por la crisis. 5.000 millones se repartirían entre las Comunidades Autónomas peninsulares, Ceuta y Melilla y 2.000 entre Canarias y Baleares.
Para aquellas empresas y autónomos con hasta 10 empleados que puedan justificar una disminución de la facturación del 30% en 2020 con respecto al año anterior, las ayudas cubrirán como máximo el 40% de la caída de los ingresos. En lo que respecta a las empresas de más de 10 empleados, la cobertura será del 20%, con la excepción de Baleares y Canarias, que podrán cambiar los límites máximos.
El anuncio de las ayudas fue una gran noticia, pero, con el tiempo, se ha visto que mucho de este dinero aún no se ha repartido – según la ATA, menos del 10% de los autónomos las solicitarán. Las dos principales razones: los requisitos, que excluyen a un gran número de candidatos, y la burocracia, que complica el acceso. En este sentido, resulta llamativa la desigualdad existente entre las Comunidades Autónomas. Así, mientras que en Asturias, Cantabria, Cataluña y Murcia las solicitudes presentadas no llegan al 20% del presupuesto, Castilla La Mancha en julio ya había repartido el 70%.
Consciente de estas limitaciones, el Gobierno pidió a Europa ampliar el plazo más allá de finales de año para dar más tiempo a las Comunidades y ha modificado los objetivos de las ayudas. Ahora, empresas y autónomos pueden utilizarlas para satisfacer deudas y pagar a proveedores y otros acreedores. También para compensar los costes fijos contraídos, incluidas las pérdidas contables. Eso sí, con la condición de que se hayan generado dentro del plazo establecido.
Las ayudas impulsadas por el Gobierno no están teniendo, por el momento, los efectos deseados, pero no cabe duda de que la situación que acabamos de vivir producirá en España una regeneración empresarial. Una regeneración en la que la tecnología será el gran aliado.
La prueba de ello la encontramos en que muchas de las iniciativas que están lanzando los Gobiernos están enfocadas en la transformación digital de las empresas. Un ejemplo muy reciente lo encontramos en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2022, que prevé 2.140 millones de euros en ayudas europeas para digitalizar la pequeña empresa, facilitar su crecimiento y su internacionalización.
Ya lo vimos durante la pandemia: las compañías más digitalizadas estaban mucho más preparadas para afrontar la crisis. Y es que incrementar el control y la transparencia de la información, automatizar las tareas rutinarias y agilizar los procesos se traduce en más tiempo para dar un mejor servicio al cliente, mayor resiliencia y diferenciación. Tomemos nota. Más allá de esperar a recibir ayudas, es hora de pasar a la acción.
