Con motivo de la reforma del acceso a la Función Pública que se está perfilando, una persona que conoce bien el mundo de las oposiciones reflexionaba sobre una idea interesante: acceder a la Función Pública es un derecho. Efectivamente, los ciudadanos pueden, cumpliendo unos requisitos legales, presentarse a unas oposiciones para, en igualdad de condiciones y demostrando mérito y capacidad, convertirse en servidores públicos.
El problema surge, primero, cuando el ciudadano no puede ejercer ese derecho por desconocer la existencia de un Cuerpo de funcionarios en el que, conforme a su perfil personal y académico, podría desarrollar una talentosa carrera profesional. No es que las nuevas hornadas de jóvenes no quieran o no estén preparadas para hacer el esfuerzo de opositar; es, simplemente, que nadie les ha mostrado el sinfín de salidas profesionales de la Función Pública. Desde mi experiencia, cuando hemos asistido a la Universidad a dar a conocer el Cuerpo al que pertenezco, los estudiantes nos cuentan que han encontrado en nuestras funciones su vocación pero que las desconocían. ¿Qué sucede? Simple y llanamente: que estamos perdiendo talento.
Así, existe una clara asimetría entre la necesidad de información de los universitarios y la oferta de información que proporcionan las Administraciones Públicas. Parece que la Administración quiere atajar el problema realizando una reforma exprés en un asunto de enorme calado, sin contar con los representantes de los Cuerpos Superiores, los cuales, como directivos del Estado, tienen la responsabilidad de liderar la mejora del Servicio Público.
En segundo lugar, nadie comprende mejor a un opositor que otro opositor. Los que hemos pasado por este riguroso proceso recordamos la mezcla de incertidumbre y orgullo que tenías mientras estudiabas. Ser opositor era digno de admiración porque todos sabían que estabas haciendo algo grande. Actualmente, el sistema de oposición sigue siendo aceptado y valorado por la sociedad española. Nadie en la calle pone en duda este sistema para seleccionar a los más capacitados. Y hablo de los más capacitados, porque eso de los mejores es lo más parecido a un concepto jurídico indeterminado. Después le corresponderá a la Administración sacar lo mejor de ellos y convertirlos en excelentes profesionales.
En tercer lugar, el documento de Orientaciones para el cambio en materia de selección en la Administración General del Estado conocido en mayo pone el foco en las pruebas de acceso, dando más prioridad a la práctica y menos a la memoria. Es verdad que lo de memorizar tiene mala prensa, pero la experiencia me dice que el esfuerzo de reciclaje durante la vida administrativa al cambiar de puesto es muy inferior que el que supondría tener que estudiar la materia de cero si no se ha visto durante la oposición. Además, es necesario que el opositor haya memorizado el extenso temario pues la responsabilidad profesional asumida desde el principio en un amplio número de funciones, como en nuestro caso, es muy alta.
Otra cuestión puesta sobre la mesa es la posibilidad de revisión de los temarios. Este es un tema delicado, pues la cantera de opositores es altamente sensible a las variaciones. Un cambio radical en las pruebas o el temario podría perjudicar seriamente la cobertura de los procesos selectivos siguientes a la reforma. Preparar una oposición es también entender cada tipo de ejercicio, lo cual requiere un tiempo de maduración que se cuenta en años.
Adicionalmente, una facilitación en el acceso por la vía del tipo de pruebas, además de poner en peligro la calidad del Servicio Público por falta de conocimientos, podría suponer el caos para la gestión de personal tanto por el efecto llamada, alargando la duración del proceso selectivo, como por la posible salida de efectivos en el corto plazo, porque los futuros funcionarios que accedan tras la reforma no hayan conocido suficientemente aquello a lo que se iban a dedicar durante la oposición, y busquen otras oportunidades en el sector privado. Y si, además, el proceso se vuelve lo suficientemente subjetivo, existe el riesgo de reducción de la cantera de opositores ante una baja relación esfuerzo-éxito.
Finalmente, retomando el objetivo de la excelencia en el Servicio Público, es necesario prestar atención a la vida después de la oposición. Previamente a plantear cualquier tipo de reforma del acceso a la Función Pública, sería necesario revisar asuntos hasta ahora postergados como la evaluación del desempeño, la regulación de la carrera profesional o la formación permanente adecuada a cada puesto, sin cuyo abordaje seguirá habiendo una fuga de talento y una falta de atractivo para los jóvenes, eludiendo el problema de fondo.
Por todo lo expuesto, las Asociaciones de Cuerpos Superiores, como representantes de los Directivos Públicos, debemos defender el ejercicio óptimo de la profesión y, en particular, el acceso justo a la Función Pública, asesorando a las Administraciones y participando en la reforma, pues lo que está en juego, en definitiva, es el derecho del ciudadano a recibir un servicio público de calidad.
