Madrid
El Ministerio de Trabajo ha sometido a los agentes sociales sentados en la mesa de negociación de la reforma laboral una orden ministerial que regula la concesión de las subvenciones públicas del "programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas". Dicho programa estará dotado el próximo año con 160 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation que se repartirán por toda la Administración Pública para contratar jóvenes en prácticas entre 16 y 29 años.
Según el borrador de la Orden, al que ha tenido acceso eE, tendrán derecho a pedir la subvención con cargo a los fondos comunitarios las corporaciones locales o entidades dependientes o vinculadas a una administración local (que el año próximo contarán con 22 millones de euros); los órganos de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos -incluyendo entidades públicas empresariales y agencias estatales- (con un presupuesto de 44 millones de euros); y en el ámbito de las comunidades autónomas corresponde a estas determinar qué entidades pueden ser beneficiarias dentro de los órganos de la Administración autonómica y sus organismos autónomos, incluyendo ayuntamientos de la región (con 94 millones).
Los fondos disponibles cada año se distribuirán entre las entidades territoriales para contratar personal en práctica en tres líneas: un 20% para empleos verdes (incluidos entre otros la agricultura, ganadería y pesca dirigida a la restauración de los ecosistemas), otro 20% para la línea de empleos en competencias digitales y el 60% restante para empleo en general.
El Ministerio de Trabajo exigirá a las administraciones que aquellas personas contratadas bajo el programa cobren al menos el 60% del salario fijado en convenio para una persona que desempeñe el mismo puesto y, en todo caso, no podrá ser inferior al SMI vigente.
No obstante, el Sepe subvencionara además de los salarios, los costes de seguros sociales, de los equipos de protección individual (entre 369 y 553 euros al año) y ayudas para desplazamientos hasta un máximo de 1.000 euros por persona contratada que se podrán aplicar a un máximo del 25% de las personas contratadas.
Lo orden establece, sin embargo, una cuantía máxima a cubrir en el concepto de costes salariales mediante una fórmula en función del número de personas contratadas, los meses de duración (un mínimo de diez y un máximo de doce) y el grupo de cotización en el que se agrupe el trabajador.
Así, para los grupos 9 al 5, los costes salariales totales a subvencionar por el Sepe ascenderán a dos veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) vigente cada año. Para los grupos 4 a 1, se eleva a tres veces el Iprem.
La orden, sometida al criterio de los agentes sociales, establece que las subvenciones se financiarán con cargo a los fondos del Sepe en el marco del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, dentro del programa 240A. Los Presupuestos de 2020 recogían 160 millones de euros para la partida. Sin embargo, el programa todavía no se ha puesto en marcha por lo que se usarán para el próximo año. Lo que explica que en los Presupuestos de 2022 no se dote el programa 240A.
A través de "curriculum-vitae ciego"
Entre los requisitos y criterios para la selección de los trabajadores en prácticas, además de la edad (de 16 a 29 años), deberán ajustarse a lo establecido para estos contratos en el Estatuto de los Trabajadores. Pero además, la orden en estudio por parte de la mesa de negociación de la reforma laboral exige que la valoración curricular y de los candidatos deberá realizarse mediante el uso de curriculum-vitae ciego. Así, en opinión del Ministerio de Trabajo se garantizará el principio de no discriminación "por ninguna razón".
