La energía absorbe de nuevo gran parte del protagonismo en el Consejo de Ministros. En concreto la reunión de ayer del Gabinete del presidente Pedro Sánchez aprobó ampliar la cobertura del bono social eléctrico y térmico, además de anunciar un nuevo cheque de 90 euros por hogar para cubrir los gastos de calefacción para los consumidores vulnerables.
Sin embargo, más importantes aún son los matices introducidos en el polémico decreto-ley del mes pasado, aquel que instituyó la confiscación temporal de los supuestos beneficios extraordinarios derivados del alto precio actual del gas que las eléctricas obtienen. Ribera acomete así una rectificación de la medida, pero no se puede decir que sea completa, ya que pese a los toques de atención llegados de Bruselas ante una medida evidentemente intervencionista, la intención del Ejecutivo es mantenerlo para aquellos que no tengan contratos a largo plazo o que si se hayan beneficiado de ese incremento del gas. Lo que ayer se aprobó se limita a eximir de la confiscación a aquellas eléctricas que firmen contratos a largo plazo y a precio fijo (sin indexarlos a las variaciones en el mercado mayorista) con sus clientes (no solo los de carácter industrial) y no deja claro si excluye o no a las eléctricas integradas.
El Gobierno se limita a suavizar parcialmente el polémico decreto de confiscación de beneficios a las eléctricas
Desde la semana pasada, REE -brazo ejecutor de la confiscación- ha comenzado a pedir documentación a las compañías. El Gobierno quiere conocer ahora las cifras de cómo afectará su Real decreto-ley, lo que demuestra que Ribera comenzó la casa por el tejado y no dialogó con un sector que venía ofreciendo propuestas desde el pasado mes de junio para paliar el impacto de la subida en los consumidores.