El Consejo de Ministros dio ayer su placet a la nueva Ley de Vivienda para asegurar el apoyo de Podemos a los nuevos Presupuestos Generales.
Su carácter intervencionista en materias como los precios del alquiler en las "zonas tensionadas" (sin que estén aún del todo claros los criterios para determinar cuáles son esas áreas) es ya bien conocido. Más ignorado es el conflicto que la nueva norma abonará entre las Administraciones encargadas de su aplicación final. Las previsibles discrepancias que mostrarán autonomías y ayuntamientos de diferentes colores políticos será todo un caldo de cultivo para litigios judiciales que creará incertidumbre jurídica y ahuyentará a los propietarios y los inversores.
