Es ya bien conocida la positiva valoración que siempre ha merecido a Bruselas la reforma laboral española aprobada en 2012. Nada ha cambiado hasta ahora en el juicio de la Comisión sobre esa ley y, por ello, a nadie extrañó que el Ejecutivo europeo, desde el primer momento, vinculara el futuro reparto de las ayudas Next Generation al respeto de las líneas fundamentales de esa reforma.
El Gobierno, sin embargo, se empecina en mostrarse desafiante en este ámbito. El ejemplo más reciente lo ofreció el propio presidente Pedro Sánchez, en el Congreso Federal del PSOE de la semana pasada, en el que volvió a prometer la derogación de esa norma. Con todo, este mensaje, previsible en un acto de partido con tintes electoralistas, no es el más grave. Mayor inquietud despiertan las acciones que, desde hace meses, emprende el Ministerio de Trabajo y sobre las que aún no ha informado a la Comisión, como ya señalan con impaciencia fuentes comunitarias. La inquietud en Bruselas está justificada considerando planes tan inauditos de la vicepresidenta Díaz como imponer la contratación indefinida prácticamente por decreto, al tiempo que cierra los ojos a las necesidades de los sectores cuya actividad es más estacional. Igual preocupación debe despertar la intención de volver a imponer los convenios sectoriales frente a los propios de las empresas, lo que obligaría a acometer fuertes alzas salariales en un momento en el que la recuperación dista de estar consolidada.
Los planes del Gobierno sobre la ley de 2012 despiertan recelos en la Comisión Europea que exige su mantenimiento
Con esta actitud, el Gobierno no sólo fomenta el conflicto con Bruselas, que demanda "flexibilidad" en el mercado laboral. Además, agrava las dificultades que aún afronta el tejido empresarial y socava la capacidad de crear empleo.
