Si estamos en Madrid es para tumbar definitivamente el régimen". Son palabras pronunciadas en el Parlamento Vasco en noviembre de 2020 por el diputado de EH Bildu, Arkaitz Rodríguez, tras cerrar el partido heredero de ETA el acuerdo con el gobierno de Pedro Sánchez para apoyar los Presupuestos del Estado de 2021. Hoy, un año después, el dirigente de la formación abertzale, Arnaldo Otegi, no tenía escrúpulos en afirmar en un encuentro con militantes, que "tenemos 200 presos y tienen que salir de la cárcel. Y si para eso hay que votar los presupuestos los votaremos sin ningún problema". Y lo hacía sólo siete horas después de haber mostrado "pesar y dolor" por el sufrimiento de las víctimas de ETA, pero evitando deliberadamente pedir perdón y condenar el terrorismo.
Palabras esta últimas artificiales y estudiadas y que, en medios parlamentarios, incluidos algunos socialistas, se interpretan como una maniobra acordada con el sanchismo gobernante para blanquear a los herederos políticos de los terroristas, a los que necesita para aprobar las cuentas del Estado y mantenerse en La Moncloa al menos dos años más, y no a un arrepentimiento que no existe.
El problema de la declaración de Otegi es el mismo que el de la socialdemocracia de ese Pedro Sánchez que ha sustituido al PSOE tras el congreso de Valencia, su falta de credibilidad. Porque si las palabras del condenado por pertenencia a organización terrorista fueran sinceras ahora no estaría impulsando y asistiendo a los homenajes a los presos etarras que se repiten, una día si y otro también, en el País Vasco. Estaría colaborando con las fuerzas del orden para esclarecer los más de 300 asesinatos de la banda aún no esclarecidos. Y estaría ayudando, apoyando y colaborando con alas víctimas. Y si el sanchismo fuera de verdad socialdemócrata no pactaría nunca con los enemigos de España y de la democracia y no les habría secundado para rechazar una declaración de condena al terrorismo en el Congreso y el Senado.
La sospecha que en gran parte de la clase política ejerciente subyace detrás de esta maniobra es que se trata de una operación de blanqueamiento con dos vértices. El primero interno para intentar convencer a muchos militantes y algún dirigente socialista de la conveniencia de ir de la mano del aparato político de quienes asesinaron también a muchos socialistas entre otros defensores del orden y de la libertad. La sangre de Enrique Casas, Ernest Lluch, Fernando Múgica o Fernando Buesa, entre otros sigue aún en la memoria y como dijo Enrique Múgica, ni se olvida, ni perdona..
Y respecto a la finalidad externa va encaminada a dar un toque serio al PNV para advertirle de que si se desmarca de la Frankestein y no apoya el Presupuesto Sánchez puede jugar la alternativa de una coalición del PSE con Bildu y con Podemos en Euskadi que les expulsaría del gobierno vasco.
Eso y utilizar el aniversario de la derrota de ETA para intentar recuperar parte de la imagen y de la intención voto perdidos por Sánchez y el Gobierno, intentando atribuirse ellos solos el mérito de una rendición a la que contribuyeron, especialmente el tristemente desaparecido Alfredo Pérez Rubalcaba, pero no fueron los únicos ni, probablemente los más importantes. Deberían recordar que los verdaderos artífices de la derrota del terrorismo fueron la Guardia Civil, la Policía Nacional, el CNI, los jueces y el pueblo español en su conjunto con su rechazo, su condena y su desprecio. Y con ellos el Gobierno. El de Zapatero sí, pero también los de Aznar o de Felipe González y con la colaboración sincera y necesaria de Mariano Rajoy desde la oposición.
Pero, volviendo al intercambio de presos por Presupuestos, el presidente del Gobierno pronunció este miércoles un "no" rotundo en sede parlamentaria, y me gustaría creerle. También aseguró que no podría dormir con Podemos en el Gobierno y se acuesta con ellos, que nunca pactaría con Bildu, o que no indultaría a los golpistas catalanes, entre otras muchas negaciones incumplidas. Los antecedentes ni le acreditan ni le avalan.
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