Los Presupuestos Generales más expansivos de la historia, en cuanto al gasto público, tienen un preocupante reverso en la evolución del déficit de las Administraciones españoles, en concreto a lo que se refiere a la parte estructural de ese desequilibrio.
Esa partida no puede excusarse en la evolución de la pandemia, ya que aísla los efectos del ciclo económico y refleja la evolución estructural de los gastos y los ingresos públicos. Es, por ello, la que más vigila Bruselas y, según las previsiones que la Comisión maneja, alcanzará los 55.000 millones el año próximo, el equivalente al 5,2% del PIB, lo que implicará que seguirá entre los más altos de la Unión y transgrediendo, por tanto, los términos del Pacto de Estabilidad. La crisis ha dejado en suspenso el cumplimiento de dicho protocolo, pero debe reconocerse que nuestro país se sitúa en un delicado lugar ante su reactivación ahora que la emergencia sanitaria desaparece. Es más, el regreso a la ortodoxia financiera puede ser más rápido de lo previsto, si los liberales acceden al Ministerio de Finanzas del nuevo Gobierno alemán, y España carece de hoja de ruta ante ese escenario, como repetidamente han denunciado autoridades como la AIReF. La misma situación presenta el sector público en lo que respecta a su endeudamiento. De hecho, sorprende que los nuevos Presupuestos anticipen que el capítulo para el servicio de la deuda será el año próximo un 4,7% más reducida que en 2021.
España carece aún de hoja de ruta alguna para afrontar su alto déficit estructural y su elevada endeudamiento
Sorprende ese optimismo ante la posibilidad de que la inflación obligue al BCE a normalizar su política con mayor rapidez, lo que encarecería los costes de financiación. Falta, en suma, una respuesta a los riesgos que los desequilibrios financieros de las Administraciones españolas plantean.
