Apenas 15 días bastaron para poner en evidencia la inutilidad del plan de choque del Gobierno, aprobado por decreto el mes pasado, para frenar la escalada del precio de la luz.
La prueba más fehaciente la ofrecía diariamente el mercado mayorista eléctrico, en el que los encarecimientos continuaron hasta llegar al récord de 216 euros por megawatio de ayer que la semana próxima quedará pulverizado, cuando se alcancen los 240. Pero el propio Gobierno hizo oficial el fracasó del decretazo energético al anunciar una próxima reforma de la tarifa regulada. La realidad fuerza al Ejecutivo a asumir que su estrategia basada en culpabilizar injustamente a las grandes eléctricas, hasta el punto de confiscar parte de sus beneficios, en nada mejora la situación. En su lugar, Moncloa opta ahora por la reforma que esas mismas empresas llevan largo tiempo reivindicando. Desde 2018 el Gobierno tiene pendiente un cambio de esta índole que permita desvincular la tarifa de la volatilidad que a diario muestra el mercado mayorista. Es muy posible que la solución se inspire en los mecanismos de otros países europeos donde se utilizan referencias como una cesta de precios futuros calculada, por ejemplo, en promedios trimestrales. Ahora bien, no cabe en este caso recurrir a un decreto-ley.
Los altos precios de la luz fuerzan ahora al Gobierno a emprender el muy demorado cambio en la tarifa regulada
El Gobierno inicia este mes un periodo de consultas y todo apunta que la reforma tendrá que esperar a enero para entrar en vigor. Es más, la nueva referencia a los futuros del mercado energético llegará en un momento delicado, ya que los expertos prevén que los precios energéticos continúen altos hasta 2024. La tardanza del Gobierno en emprender esta reforma le restará así gran parte de su efectividad.
