El perjuicio que provoca el plan de choque del Gobierno para responder al encarecimiento de la electricidad comienza ya hacerse evidente. No en vano el ya famoso decretazo energético es la causa de que Iberdrola paralice las inversiones en renovables que desarrolla en España.
Resulta lógico que la empresa tenga que someter a revisión proyectos de tan gran envergadura ante los daños que la iniciativa del Gobierno provocará en su cuenta de resultados. Conviene recordar que el último decreto ha llegado más lejos que todas las medidas anteriores, en el afán de Moncloa por cargar a las grandes eléctricas con la responsabilidad de los altos precios de la energía. Hasta el punto de que prevé una confiscación temporal de los supuestos "beneficios extraordinarios" que tales empresas obtienen de sus instalaciones renovables, alegando que el gas es la tecnología dominante en el mercado mayorista e impone su alto precio incluso a la generación eléctrica más barata. Por sí solo, ya es grave este diagnóstico de la situación que el Gobierno hace, debido a su falta de base. Urge escuchar a la patronal eólica europea cuando recuerda que gran parte de la energía obtenida en ese tipo de explotaciones se vende a precios pactados hace meses, inferiores a los que ahora dominantes. Pero, más allá de la inexistencia de los "beneficios extraordinarios" de las eléctricas, todavía causa mayor preocupación la inseguridad jurídica que el Gobierno volvió a sembrar entre los inversores, con su cambio de reglas a mitad de partido. El Ejecutivo dificulta así sus propios objetivos de fomento de las renovables y lo hace cuando las energías sucias (ya no sólo el gas sino también el petróleo) prosiguen su encarecimiento.
