La ministra María Jesús Montero defendió en el Congreso la necesidad de que las reglas de equilibrio presupuestario sigan un año más suspendidas para hacer frente a la crisis. La presentación del techo de gasto para 2022 ya demostró que el Gobierno daba por hecha esa suspensión.
Montero, no obstante, prevé una corrección razonablemente rápida del déficit público, de modo que en 2025 podría estar ya por debajo del 3%, como demanda Bruselas. El problema estriba en que esa proyección, al igual que las expectativas de reducción de la deuda pública, resultan difíciles de creer en un contexto como el actual, en el que la recuperación afronta crecientes dificultades. Es probable, por tanto, que dicha senda de corrección de los desequilibrios quede en papel mojado.
