La reducción en la cartera de activos tóxicos (de carácter inmobiliario en su mayoría) de la banca española vuelve a coger ritmo. El pasado semestre el peso de esta rúbrica en sus balances descendió casi un 5% con respecto al año anterior.
En principio podría parecer una cifra de escasa cuantía, pero su importancia es notable desde varios puntos de vista. En primer lugar, basta para disipar todos los temores de que, a corto plazo, este tipo de activos se convirtieran, una vez más, en un problema para las entidades.
De hecho, en 2020 volvieron a ganar peso en las cuentas de los bancos, pero queda ahora demostrado que se trató de un fenómeno puntual, propio de un escenario de recesión (en el que se pararon las ventas inmobiliarias) y relacionado con el aumento de los embargos que los peores momentos de la crisis del Covid provocaron. Actualmente la situación económica es la opuesta, y los bancos actúan adecuadamente a la hora de aprovecharla a fondo para adelgazar su cartera de inmuebles.
Conviene que no dejen pasar la coyuntura tan favorable que, desde los inicios de este ejercicio, presenta el mercado hipotecario y, de este modo, den salida a unos activos que, como ya ha quedado demostrado en otras circunstancias, pueden ser muy difíciles de vender. Y, sobre todo, la reducción de esta cartera entre enero y junio supone aligerar un lastre que sería muy gravoso, en caso de que vuelvan a repuntar los impagos y haya que recurrir de nuevo a los embargos.
Como señalan el Banco y el BCE, esta circunstancia aún puede darse y conviene que los bancos la afronten lo más saneados posible, tras liberarse de unos inmuebles que a su, en muchos casos, baja rentabilidad unen altas provisiones y costes asociados.
