Cuatro meses después de su aprobación, las expectativas sobre las ayudas directas para los sectores más afectados por la crisis no dejan de menguar. El 60% de los 7.000 millones comprometidos en esa partida sigue sin repartirse y, lo que es peor, es posible que la mayoría de esos recursos no lleguen a sus potenciales beneficiarios.
La obstinación de Hacienda por tramitar las ayudas como subvenciones exige una abultada documentación fiscal y financiera. Es más, las autonomías, encargadas de repartir los recursos, aplican a rajatabla los requisitos, ya que se arriesgan a tener que correr con los reembolsos en caso de se detecte la más mínima irregularidad. La burocracia hace así inalcanzables las ayudas para miles de negocios.
