Los inversores institucionales en el inmobiliario español ven con preocupación el mecanismo que, en la futura Ley de Vivienda, permitirá congelar los alquileres durante tres años en las zonas cuyo mercado se considere "tensionado".
Sin duda, la imposibilidad de alterar las condiciones del arrendamiento, sea cual sea la situación económica, genera un perjuicio obvio a los propietarios particulares. Pero el daño aún es mayor en el que caso de socimis y fondos que deben presentar una cuenta de resultados ante sus partícipes y ante el mercado. Si estos actores carecen de los más básicos instrumentos para adaptar su gestión a la coyuntura dominante en cada momento, están abocados a rehuir las inversiones en el inmobiliario español.
