La contratación temporal se encuentra en España bajo un ataque sin precedentes, por parte de Trabajo, cuyos daños están muy lejos de limitarse a la hostelería y el turismo. El perjuicio de estas dos actividades sería por sí solo preocupante, considerando la gran importancia que tienen en el PIB español, pese a que varios ministros de Podemos los hayan menospreciado en el transcurso de la actual crisis.
Con todo, no debe extrañar que también salten las alarmas, hasta el punto de calificar de "aberración" los planes de Trabajo, en sectores tan dispares como la agricultura, la construcción e incluso la industria. Es obvio que la estacionalidad forma parte de la naturaleza misma de los trabajos del campo, y la figura del empleado fijo-discontinuo no se amolda a sus necesidades. Pero también las fábricas de automóviles o los trabajos en infraestructuras o promociones inmobiliarias presentan picos de actividad para los que se necesitan refuerzos puntuales. La posibilidad de disponer de ellos se trunca si las empresas se arriesgan a que un juez cuestione el recurso a la temporalidad, como permitirá la reforma de esa vinculación entre empresa y asalariado, y obligue a mantener en plantilla trabajadores que dejaron de ser útiles. Pese a los avances de la reforma de 2012 (también amenazados actualmente), España aún puntúa negativamente en las clasificaciones sobre flexibilidad en la contratación no sólo de la UE, sino del conjunto de la OCDE.
España se enfrenta a una pérdida de flexibilidad tanto en la contratación como en las condiciones del despido
La situación está abocada a empeorar aún más si se impone el contrato fijo en casi toda circunstancia y se siguen encareciendo las indemnizaciones y los costes del despido. La rigidez del mercado laboral asfixiará la creación de empleo que debe acompañar a la recuperación económica.
