El Gobierno ha convertido a los planes de empresa colectivos en el pilar central de su proyecto para fomentar el ahorro privado complementario para la jubilación.
Lo demuestra el hecho de que el Ejecutivo lanzara un proyecto tan ambicioso como es la creación de un super-fondo de pensiones público (aunque de gestión privada) que facilite el acceso de pymes y autónomos a este tipo de vehículos. Sin duda, el planteamiento es coherente con la realidad del tejido productivo español, en el que predominan las empresas de un tamaño demasiado pequeño como para aspirar a implantar sus propios planes de ahorro para la jubilación. Con todo, esa realidad no hace más fácil la realización de una iniciativa de tanta envergadura como el futuro super-fondo. Tal y como ya se preveía en la industria de la inversión, ya es imposible ponerlo en pie en 2021. Es más, en el caso de que se consiguiera sacar adelante este año la ley que lo respalda, aún habría que esperar a finales de 2022 para que estuviera operativo, si no surgen contratiempos. Pero los retos no acaban ahí. Debe recordarse que el objetivo del Gobierno es que el patrimonio de los planes de empresa españoles rebase los 500.000 millones, lo que equivale a quintuplicar su monto actual. De hecho, la tarea merece calificarse de titánica en un país como España en el que el conjunto del ahorro complementario para la jubilación es ínfimo, ya que equivale al 13% del PIB mientras en países como Holanda supera el 100%. Ante estas cifras, el Gobierno no debería limitarse a fomentar los planes de empresa.
El super-fondo de pensiones, el gran recurso del Gobierno para fomentar los planes de empresa, ya se retrasa
Los planes individuales tienen también que potenciarse evitando medidas como la ya tomada de reducir drásticamente su desgravación en el IRPF, de 8.000 a 2.000 euros.
