Los ciudadanos ya se preparan para una fuerte subida de su recibo de la luz, tras la presentación de la nueva tarifa eléctrica que penaliza la demanda en las horas de consumo más habituales (e inevitables en muchas actividades).
Sin duda, la nueva tarificación llega en un momento de alta demanda por la recuperación, pero sería ingenuo pensar que el encarecimiento será coyuntural. Al contrario, deriva de los mecanismos en los que basa la evolución a un modelo energético más verde. Uno de ellos es el conocido sistema de compra de derechos para emitir CO2, cuya cotización pasó en un año de 19 a 52 euros por tonelada, y que penaliza el recurso a fuentes energéticas todavía imprescindibles como el gas. Pero la política de transición ecológica tiene alcance mucho más allá del mercado eléctrico; es más, sus efectos se aceleran debido al afán de la UE de fijarse unos objetivos de reducción de emisiones aún más ambiciosos en 2030 y 2050. Ya en julio Bruselas presentará la primera parte de su plan de revisión de la fiscalidad verde, con incidencia en los combustibles de motor para eliminar las exenciones que ahora se aplican a los carburantes para barcos y el queroseno de los aviones. El transporte se encarecerá así para los consumidores, quienes también verán endurecida las tasas de los combustibles de calefacción.
Los ciudadanos aplauden la evolución a una economía más verde' pero no se les ha explicado el esfuerzo que implica
En España, por añadidura, sufrirán el incremento de la fiscalidad del gasóleo, ya que el Gobierno saca provecho de esta coyuntura y retoma el proyecto, hasta ahora fracasado, de elevar la tributación del gasóleo para automóviles. Sin duda, la transición ecológica ya es un proceso mayoritariamente aplaudido por los ciudadanos, pero aún está pendiente una explicación exhaustiva del coste que una economía verde demanda.
