El último Plan de Estabilidad remitido por el Gobierno a Bruselas contiene toda una paradoja. Pese a que el documento fue elaborado en el apogeo de una pandemia histórica, el capítulo de Sanidad es uno de los perjudicados en la hoja de ruta del Ejecutivo hasta 2024.
El objetivo inicial de elevar el gasto público sanitario al 7% del PIB en ese año se abandona y la nueva cifra que Moncloa establece es el 6,2%, 11.000 millones menos en términos absolutos. Es más, puede afirmarse que el desembolso de las Administraciones volverá al nivel de la etapa pre-Covid, lo que hace temer que, finalmente, no habrá margen para acometer las reformas que se habían barajado para este sector en los últimos meses. Una de las más reivindicadas pasa por cambiar el actual statu quo legal que obliga a igualar precios por abajo, en cuanto la patente de un fármaco caduca y surgen genéricos que lo imitan. Es una situación muy lesiva para la fabricación más común en España, basada en la innovación incremental, que consiste en hacer mejoras sobre medicamentos ya existentes. Ese aumento de las prestaciones no se traduce, en nuestro mercado, en un precio acorde y priva de la más mínima recompensa al esfuerzo investigador de las empresas. Mantener estas condiciones, como el sector ya teme que ocurrirá, convierte en una quimera los objetivos de devolver a España la producción que se deslocalizó en India y China.
El recorte en la previsión de gasto público en Sanidad impedirá que España recupere capacidad productiva de fármacos
En estas circunstancias, no sólo se dificulta el refuerzo del sistema sanitario y farmacéutico para prevenir futuras emergencias comparables a la actual. Además, se pierde la oportunidad de que un sector intensivo en investigación y desarrollo contribuya a la reconstrucción de la industria española.