Opinión

Contraproducente veto al despido

La vicepresidenta y ministra de Trabajo Yolanda Díaz, en el centro de la imagen

El Plan de Recuperación remitido por el Gobierno a Bruselas prevé una profunda revisión del repertorio actual de bonificaciones a la contratación de desempleados. En concreto, el Ejecutivo asegura que la concesión de estos incentivos exigirá el compromiso de las empresas "con la estabilidad de sus plantillas".

 Todo apunta a que, bajo esa formulación, se alude a una prohibición de facto de los despidos procedentes como la que ya rige para las firmas que prorrogan sus Ertes desde el inicio de la crisis. Esta extensión del veto a los ajustes de personal por causas económicas entra en un terreno jurídicamente polémico. No en vano equivaldría a ampliar el alcance de una prohibición que ya ha merecido en nuestro país sentencias en contra, por los perjuicios que, de acuerdo con los jueces, provoca a un derecho europeo fundamental como es la libertad de empresa. El veto al despido amenaza, además, con más perjuicios en el caso de las bonificaciones a la contratación. Con frecuencia, los expertos han criticado la muy baja eficacia de estos incentivos en nuestro mercado laboral. En nada mejorarán sus resultados si las exigencias para acceder a ellos se endurecen, hasta el punto de proscribir unos ajustes de plantilla que aún pueden ser vitales para miles de empresas.

Extender la prohibición 'de facto' a los despidos procedentes pondrá en mayores apuros a muchas empresas

El lento avance de la recuperación y la escasez de ayudas directas han hecho que muchos negocios, hasta ahora viables, se encuentren ya contra las cuerdas. Su situación amenaza con empeorar ante las expectativas de subidas de impuestos, especialmente de cotizaciones sociales, que el Gobierno ya tiene sobre la mesa. En estas circunstancias, la imposibilidad de reducir personal compromete su supervivencia misma.

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