La ley impulsada por el PSOE para eliminar un artículo del Código Penal, aquél que prevé cárcel para los actos violentos de los piquetes en las huelgas, se vio acompañado en el BOE por un inaudito preámbulo, Lejos de justificarse en criterios técnicos o jurídicos, esta introducción no tiene otra razón que ser que el ataque directo a un rival político.
No en vano se acusa flagrantemente al PP, el partido que impulsó ese artículo penal de "desmantelar las libertades". Nada puede disculpar el hecho de que los documentos oficiales, avalados con la firma del Jefe del Estado, se vean inmiscuidos en la lucha política. Se trata de un uso espurio de las instituciones, y de sus medios de comunicarse con los ciudadanos, que desacredita gravemente a la democracia española.
