La UE vuelve a destacar como el área económica global más comprometida con la transición ecológica. La aspiración que Bruselas expresó en la Cumbre del Clima de Madrid en 2019, basada en reducir un 55% sus emisiones en 2030 para anularlas por completo en 2050, es ahora un compromiso blindado por el Consejo y el Parlamento Europeos.
Pero el acuerdo tiene, a corto plazo, una consecuencia de gran calado para los mercados. Las inversiones ligadas a objetivos de responsabilidad social viven un auge huérfano de un desarrollo legislativo acorde. Faltaba una normativa que garantizara que el adjetivo sostenible era algo más que un reclamo comercial. Con la nueva normativa europea por fin habrá un criterio único para guiar a los inversores en este campo.
