El plan de ayudas contra la crisis que el Gobierno anunció a principios de año, dotado con 11.000 millones (con 7.000 millones destinados a transferencias directas a empresas), nació dañado por su escasez de recursos y por el retraso con el que se aprobó.
Pero no son ésas sus únicas debilidades, ya que también existe el riesgo de que ni siquiera alcancen a los negocios más afectados por la pandemia. Este último problema sigue vigente pese a que el Consejo de Ministros dotó esta semana a las autonomías de capacidad normativa para decidir qué sectores y empresas recibirán las transferencias. De hecho, las asociaciones de autónomos ya se dirigen a los Gobiernos regionales para reclamar que una parte sustancial de las ayudas (3.500 millones) se destine a las pymes que acrediten una caída del 50% o superior en su facturación respecto a 2019. El problema radica en que las autonomías van a tener que exigir muchos más requisitos a los posibles beneficiarios, como ya denuncian los Ejecutivos de Madrid y de Andalucía. Sobre el papel, el status legal de estos fondos es el equivalente al de las subvenciones ordinarias. La normativa en este caso es especialmente exigente, hasta el punto de que cada pyme o autónomo tendrá que justificar, caso por caso, sus pagos a proveedores y acreedores financieros, así como todos los costes fijos en los que incurre.
A su escasa cuantía y al retraso en su llegada, se suma también la prolija tramitación de las nuevas transferencias
Se trata de una tramitación muy prolija capaz de hacer que se pierda un tiempo precioso para rescatar negocios que ya están contra las cuerdas, y luchan por su supervivencia misma pese a ser empresas viables. La elevada burocracia engrosa así la ya larga lista de rémoras que merman la eficiencia de estas ayudas.
