Opinión

Auditoria y contabilidad del agua

Necesarios cambios para garantizar un derecho de todos: el acceso al agua

El 75% de su superficie de nuestro planeta está cubierto de agua, sin embargo hoy en día el acceso al agua no está garantizado. De hecho, solo un 2,3% de la misma es dulce y, de ese porcentaje, solo un 0,3% resulta accesible a la población. El resto es agua salada.

Además, la incidencia del calentamiento global en el planeta está provocando que haya cada vez más zonas con escasez hídrica. A ello se añade el crecimiento demográfico, junto con el desarrollo socio económico, que son los factores que más inciden en la demanda de este insustituible recurso natural.

Como consecuencia de ello, más de 3.000 millones de personas, el equivalente al 40% de la población mundial no tienen acceso a agua potable para el consumo, tampoco para garantizar un saneamiento e higiene seguros. Asimismo, la disponibilidad per cápita de recursos de agua dulce ha disminuido en más del 20% en las últimas dos décadas, según la última publicación de FAO "El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2020".

Las previsiones de Naciones Unidas no son alentadoras. Hace una década, en 2010, la ONU declaró el agua recurso básico y derecho humano universal. En 2015, convirtió el acceso al agua potable y saneamiento como uno de os Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Ahora, urge incorporar enfoques innovadores, tanto a nivel internacional como local, y mejorar la Gobernanza y gestión del agua. Estamos ante un reto decisivo: a nivel mundial 3.200 millones de personas viven en zonas agrícolas en las cuales la escasez de agua es elevada.

Aproximadamente, el 70% de todas las aguas extraídas de los ríos, lagos y acuíferos se utilizan para el riego en actividades agrícolas.

La escasez de recursos a nivel mundial obliga a los Gobiernos y a las empresas a buscar nuevas soluciones para solventar la crisis hídrica. En situaciones en las que el abastecimiento de agua es muy limitado, está cobrando fuerza la innovación en fuentes de agua no convencionales, como el agua residual tratada o el agua desalinizada.

En todo el mundo existen unas 16.000 plantas desalinizadoras que producen unos 100 millones de m3/día. Gracias al aumento de la demanda y a los avances tecnológicos, la caída drástica de los costes hace más viable que nunca el empleo de esta técnica para actividades agrícolas, especialmente para la producción de cultivos de alto valor. Las estimaciones de la relación costo-beneficio de las plantas de desalinización dependen mucho del contexto; no obstante, muchos países ya utilizan de manera rentable agua desalinizada para fines agrícolas.

La principal ventaja de la desalinización es la garantía del recurso, porque no se encuentra sujeto a variaciones climáticas, garantizando el suministro. Pero, por el contrario, su principal inconveniente es su coste, debido en primer lugar a su alto consumo energético, lo que conlleva además elevadas emisiones de gases de efecto invernadero.

La tecnología, por tanto, podrá abaratar distintas soluciones y hacer que lleguen en mayor medida al mercado. Pero las diferentes partes que intervienen en la gestión del recurso y en la determinación de las políticas tendrán que dialogar y negociar con claridad, porque las funciones y las competencias se encuentran distribuidas entre distintos sectores, lugares y jurisdicciones, haciendo que el cuadro sea complejo y dificultando muchas veces la implantación de medidas innovadoras y equilibradas.

Una de las preocupaciones principales ha de ser sin duda la asequibilidad y la necesidad de garantizar el derecho humano de acceso al agua. Otra es asegurar los caudales ambientales, los servicios ecosistémicos y el uso no consuntivo de los recursos de agua dulce.

De ahí que una buena gobernanza del agua sea crucial. Esto requiere una compleja colaboración entre diferentes partes interesadas, lugares y entidades y una mejor coordinación tanto en sentido vertical como horizontal. Las asociaciones de usuarios de agua que reúnen a agricultores (sobre todo, pequeños agricultores) con el propósito de gestionar un sistema de riego compartido pueden tener un papel tanto en la planificación como en la ejecución. Un reto fundamental consiste en incluir y salvaguardar los intereses de los grupos con menos poder e influencia pero que dependen de los servicios ecosistémicos, como por ejemplo los pequeños productores. Una contabilidad y una auditoría transparentes del agua y una clara tenencia del agua constituyen pilares fundamentales: unas estrategias de gestión hídrica eficaces deben basarse en un mejor conocimiento de la cantidad de agua existente, cómo se utiliza y si los patrones de uso en vigor son sostenibles. La contabilidad del agua, es decir, el estudio sistemático de la situación actual y las tendencias del suministro, la demanda, la accesibilidad y el uso de agua, será un elemento fundamental para lograr este objetivo.

Sin embargo, la contabilidad del agua debe formar parte de un proceso más amplio de mejora de la gobernanza. La combinación de contabilidad y auditoría del agua —el proceso que sitúa los resultados de la contabilidad del agua en el contexto social más amplio de los recursos hídricos— puede proporcionar la base para una gestión del agua más realista, sostenible, eficaz y equitativa.

Hay que velar por los intereses de los grupos con poca influencia, como los productores

El coste general de los programas de contabilidad y auditoría del agua varía enormemente, pero los avances en las tecnologías de teledetección y medición, así como una serie de bases de datos de libre acceso de carácter mundial y regional, reducen los costes y facilitan el intercambio de información.

Unos derechos sobre el agua bien definidos pueden empoderar a los usuarios y aumentar el valor económico del recurso, ofreciendo al mismo tiempo a los agricultores un incentivo para invertir en nuevas tecnologías y reducir la degradación de los recursos. Los mercados y precios hídricos pueden asegurar la productividad del uso del agua, pero la aplicación equitativa y proteger a los grupos de rentas más bajas constituye un reto importante.

Los mecanismos de mercado del agua pueden asignar de forma eficaz el agua porque son económicamente eficientes y alientan a los usuarios a que destinen el agua a su uso más productivo y eficiente. Pero cabe la posibilidad de que los vendedores de agua ejerzan un poder monopolístico en algunos lugares del planeta. A este respecto, desde el punto de vista de la equidad, los mercados hídricos solo serán positivos en la medida en que lo sea el sistema inicial de asignación en el que se basan. La subida de los precios del agua debería producirse a lo largo de varios años con el fin de dar tiempo a los agricultores para adaptarse, con una gestión integrada en la que participen las comunidades para asegurarse de que nadie se quede atrás.

El calentamiento global provoca que haya cada vez más zonas con escasez hídrica

Hasta ahora, las políticas y la gobernanza en materia de gestión de los recursos hídricos para la agricultura han permanecido enfocadas en el riego. Esto ha tenido como resultado una inversión e innovación limitadas en las zonas de secano —incluidas las tierras de pastoreo— y los usos no consuntivos del agua, como la pesca continental. La planificación de los recursos hídricos debe promover opciones de inversión en todo el continuo del sector primario. Según los cálculos de la FAO, solo las técnicas de recogida y conservación de agua podrían de hecho aumentar la producción de la agricultura de secano, que representa unos 128 millones de hectáreas (el 11% a nivel mundial) hasta en un 24% y, si se combinan con la expansión del regadío, en más de un 40%.

Finalmente, garantizar la coherencia de las políticas entre los diferentes sectores y ámbitos normativos es la primera condición para mejorar la gestión de los recursos hídricos. Esto requiere una coordinación entre las diversas políticas, disposiciones legislativas y medidas fiscales que afectan a la gestión hídrica y al suministro y la demanda de agua, incluidos los precios de la energía, los acuerdos comerciales, los regímenes de subvención agrícola y las estrategias de reducción de la pobreza.

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