El Ejecutivo central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos están inmersas en el diseño de los mecanismos de asignación de los fondos europeos para recuperar la economía tras la crisis provocada por la Covid-19 y las empresas del sector del agua urbana no sabe cómo recalarán finalmente las ayudas, en buena medida por la indefinición del reparto entre las distintas administraciones y la atomización del plano municipal, y porque, como lamenta, el agua no figura entre las prioridades políticas, a pesar de que tiene todos los elementos para ser un factor de impulso sostenible y ecológico para el conjunto de la economía.
Así lo han valorado los expertos que han participado en el Observatorio Retos post-Covid de la gestión del agua urbana, organizado por elEconomista.
Moderado por Rubén Esteller, subdirector de elEconomista, en el encuentro han participado Pascual Fernández Martínez, consejero delegado del Canal de Isabel II; Santiago Otero Sardina, socio de PwC; Enrique Hernández Moreno, director general de la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (Aga); y Santiago Lafuente Pérez-Lucas, director España de Aqualia.
Pandemia y servicio público
atendiendo al epígrafe del encuentro, los participantes valoraron el comportamiento del sector durante la pandemia, especialmente durante al fase aguda del estado de alarma. Todos destacaron su excelente comportamiento, manteniendo el servicio a pesar de la dificultad de la situación, como prueba los importantes descensos en el consumo, hasta del 30% en zonas turísticas y en los archipiélagos: "somos un vector de servicio público y de continuidad, y así lo hemos demostrado durante la pandemia", aseveró Lafuente, resumiendo el sentir general.
Sin embargo, en el estado de alarma se notó el escaso peso del sector dentro de las prioridades políticas, uno de sus problemas crónicos. El Gobierno tardó seis días en introducir en la legislación extraordinaria del período su condición de servicio esencial, básico para el correcto funcionamiento de la sociedad, provocando problemas en los desplazamientos de los equipos encargados del mantenimiento de los servicios y las infraestructuras. Y tuvieron que ser las asociaciones sectoriales las que le aportaran datos al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) sobre la evolución del consumo del agua y su importancia como indicador de la evolución de la crisis.
A pesar de que buena parte del personal de las empresas se mantuvo en la calle, la incidencia de la Covid-19 se situó en el 7%, el mismo nivel que el resto del país, como resultado de las medidas extraordinarias que se adoptaron para crear burbujas de trabajadores y estructurar los turnos laborales, al objeto de que se garantizara la prestación de los servicios en todo momento.
La digitalización tuvo mucho que ver con ello, como destacó Fernández: "con la situación tan compleja que hemos vivido, el sector del agua ha tenido una capacidad evidente de transformación, de ajuste, para adaptarse a un modelo de digitalización en la gestión totalmente distinto, no sólo desde la temática del teletrabajo, sino también sobre cómo nos hemos aproximado a nuestros clientes. Es un proceso que está en marcha y es imparable".
Digitalización, tema clave
La digitalización, además de las eficiencias que aporta a la gestión de los negocios, permite un mayor acercamiento a los clientes, con los que tradicionalmente se ha mantenido un contacto discreto, a menudo limitado a la lectura periódica de los contadores y la recepción de las correspondientes facturas. Pero con la digitalización y la telelectura se abre la puerta a prestar nuevos servicios y, en muy poco tiempo, ligados a la automatización y el Internet de las Cosas. En Denia, por ejemplo, con la red totalmente automatizada, se pueden detectar fugas, dar órdenes de trabajo automáticas de reparación de averías -con aviso a los almacenes y al departamento de compras para preparar el material- e informar a los ciudadanos de cualquier incidencia con sms.
Pero para salir de la escala de las pruebas piloto, como la de Denia, hacen falta fuertes inversiones, uno de los grandes problemas que arrastra el sector, que sufre sanciones europeas por no haber cumplido los objetivos de saneamiento de la normativa comunitaria -faltan plantas de depuración- y que afronta el envejecimiento de las infraestructuras; por ejemplo, las potabilizadoras datan en su mayoría de las décadas de 1950 y 1960, y hay más de 1.200 grandes presas con más de medio siglo.
PwC ha calculado que hasta el final de la década son necesarios unos 25.000 millones de inversiones adicionales a las tendenciales para cumplir con la UE, al objeto de renovar las infraestructuras, cumplir con la normativa europea existente y la venidera -la nueva Directiva de agua potable, aún no traspuesta, introduce exigencias y costes adicionales- y ampliar la digitalización.
Además, pocos sectores son tan capaces de movilizar inversión a corto plazo, con capacidad de arrastre sobre el resto de la economía de un modo diseminado, localmente, con fijación de población rural, y cumpliendo con los criterios de sostenibilidad exigidos por la UE.
Paliar el déficit de inversión
Por consiguiente, no es raro que el sector del agua haya mirado con esperanza a los 140.000 millones de fondos europeos que recibirá España para recuperar la economía tras la pandemia y sueñe con obtener un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte), las estrellas de la asignación presupuestaria diseñada por el Gobierno:
"Con los fondos europeos estamos ante un reto importante en España, un reto que no podemos dejar pasar; los fondos tienen que ser un acicate para que el sector del agua tenga inversión en los municipios porque es un factor de tracción económica y social muy importante", subrayó Hernández.
"Creo que estamos ante una oportunidad para transformar la industria; los fondos europeos son ese medio que puede ayudar a mejorar sensiblemente el sector; sería fantástico que fuéramos capaces de conseguir un Perte para el sector agua urbana, y no sólo conseguir la financiación", recalcó Otero.
Sin embargo, estas esperanzas están chocando con la falta de interés por parte de las autoridades públicas y la indefinición en los mecanismos de asignación de los fondos entre los estratos administrativos hasta llegar al ámbito municipal. Responde a un planteamiento tradicional, según el cual el Gobierno central está más pendiente de la gestión de las cuencas hidrográficas que del ciclo del agua urbano, y financia grandes infraestructuras, cuya gestión cede a entidades locales; pero resulta que las entidades locales no se preocupan por el agua -a menos que haya un problema de depuración- porque no supone una carga económica relevante para los ciudadanos y es un servicio que siempre se presta en buenas condiciones.
Así, el Miteco no ha lanzado una convocatoria específica para proyectos de agua -expresión de interés en jerga burocrática-, como sí lo ha hecho en otros ámbitos, tal que el hidrógeno o la economía circular, en la que sorprendentemente no se ha incluido el agua urbana. Y según el reciente convenio firmado por el Miteco y la Femp, además del Ejecutivo central y los autonómicos, los 148 municipios con más de 50.000 habitantes también serán gestores de los fondos. Es cierto que la Cartera de Teresa Ribera ha establecido una mesa de cooperación con todos los agentes implicados, pero no hay una directriz general desde arriba sobre cómo deben ejecutarse las inversiones.
Con este planteamiento en su Ministerio de referencia, el sector está tratando de introducir sus proyectos de forma colateral en las convocatorias de otras Carteras, como la de digitalización, al objeto de incrementar sus posibilidades de captar más recursos comunitarios.
Y a la falta de atención por parte del Miteco, se suma que el Real Decreto-ley 36/2020, para ejecutar los fondos europeos mediante el Plan de Recuperación, transformación y Resiliencia, también adolece de indefinición, más allá de los Perte, cuyo número no se ha llegado a concretar; las empresas -no sólo del sector del agua-, están desconcertadas, porque no terminan de encajar las piezas del engranaje de canalización de fondos a proyectos concretos y desconocen cómo se articularán las colaboraciones público-privadas.
Buscando el lado positivo de este proceso de alumbramiento de un nuevo esquema, durante la sesión se puso sobre la mesa la posibilidad de aprovecharlo para introducir mejoras en la gobernanza y otros ámbitos del ciclo urbano del agua: "para el sector y para el conjunto de la ciudadanía sería fantástico que pudiéramos implementar unas reformas de más calado que ayudaran a la sostenibilidad de la industria en los próximos años; por ejemplo, sería útil plantearnos el desarrollo de un regulador nacional que pudiera aportar una metodología común para el diseño de las facturas del agua urbana, y sería muy relevante que los responsables políticos lanzaran iniciativas que ayudaran a mejorar la sostenibilidad de esta industria", según apuntó Otero.
Abundando en el diseño de las tarifas, se explicó que en los países con mejores indicadores de calidad del servicio del agua, y con más éxito a la hora de atraer inversiones, conviven modelos de gestión públicos, privados, mixtos, centralizados y descentralizados, pero en todos la principal vía de ingresos es un tarifa, diseñada con una metodología común por un ente regulador independiente, encargado de una planificación centralizada para asignar los recursos.
Éxito en el extranjero
En todo caso, el asombro empresarial es general cuando se compara el éxito de las empresas españolas en la obtención de contratos en el extranjero -"somos un sector líder en su gestión desde el punto de vista nacional e internacional", dijo Fernández-, con la situación en España, donde ni siquiera se dan las mínimas condiciones de rentabilidad para las concesiones, puesto que la Ley de estabilidad presupuestaria la limita al 2% para impedir déficit. No por casualidad, el RDL para asignar los fondos europeos concede un rendimiento de 300 puntos básicos sobre la deuda del Estado a 30 años.
La situación, en suma, revela que los responsables públicos no perciben la inversión en agua como una herramienta dinamizadora de la economía, sobre todo en el ámbito municipal.
El sector, no obstante, es optimista con relación a sus posibilidades de recibir fondos comunitarios, atendiendo a la magnitud de las ayudas que va a recibir el país: España entró en la UE a mediados de los 80 y desde entonces ha recibido 180.000 millones de euros en fondos de cohesión, y ahora, en seis años va a llegar el 80% de esa cantidad. Además, excepto en los últimos ejercicios, el país ha sido capaz de ejecutar la gran mayoría de las ayudas correctamente.
"Como objetivo de futuro destaco la digitalización, la entrada de fondos europeos en el sector y que seremos un factor de desarrollo económico con grandes compañías españolas tecnológicas que podemos dar mucha riqueza al país", según sentenció Lafuente.
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