España vivió hace un año uno de los hechos más dramáticos de su historia reciente, cuando se decretó un estado de alarma que afectó, como nunca antes en democracia, a derechos fundamentales de sus ciudadanos.
La amenaza global del Covid obligó a que confinamientos comparables se impusieran por todo el mundo, pero es ya ineludible una reflexión sobre los negativos efectos que este fenómeno implicó en nuestro país. La larga vigencia del estado de alarma lo asemejó a un estado de excepción encubierto, bajo cuyo amparo medraron más de 300 nuevas normas, en gran parte de ínfima calidad jurídica. Más grave aún es el modo en que Podemos se creyó legitimado para lanzar amenazas de nacionalización contra sectores como el energético y los medios de comunicación. En el ámbito económico, los daños son igualmente preocupantes. Sin duda, la respuesta a la crisis del conjunto de la UE fue, hasta ahora, más tibia que la propia de una potencia comparable como EEUU. Al otro lado del Atlántico las ayudas fiscales, vitales ante una crisis que paraliza la actividad, más que duplican a las impulsadas por Europa. Pero esta deficiencia fue especialmente aguda en España. Las transferencias directas del Estado a los sectores afectados se han demorado todo un año y su cuantía (7.000 millones) queda muy lejos de las necesidades de sectores enteros cuya viabilidad misma está en juego.
La economía sigue pagando el precio de la descoordinación y los errores que caracterizaron el primer estado de alarma
En este contexto, no resulta en absoluto casual que nuestro país registrara en 2020 la peor recesión del área OCDE. Un año después, la economía sigue pagando el alto precio de la descoordinación y los errores que caracterizaron el primer estado de alarma, lo que hace que el final de la crisis se vislumbre aún muy lejano.