El Gobierno aprueba la Estrategia de Desarrollo Sostenible del vicepresidente Iglesias, que incluye la regulación de los precios del alquiler. Es una disposición sobre cuya ilegalidad advirtió el Constitucional y que crea tensiones entre Podemos y el PSOE, pero Iglesias usa la Agenda 2030 para avalarla.
El vicepresidente también utiliza dicha Agenda para su lucha particular contra las eléctricas, al incluir limitaciones a los pagos que las tecnologías nuclear e hidráulica pueden cobrar en el mercado energético. Podemos quiere acabar con lo que llama "sobrerretribuciones", sin considerar que se trata de tecnologías no amortizadas que requieren cuantiosas inversiones. La prioridad de Iglesias, con todo, es poner la Agenda 2030 al servicio de su interés.
