Cerca de 40 inversores inmobiliarios en España se ven directamente afectados por las demagógicas medidas por las que el vicepresidente Iglesias aboga en este ámbito.
Contra ellos se dirigen iniciativas como obligar por ley a que dediquen un porcentaje de su cartera a alquiler social, o prohibir todo desahucio que no ofrezca alternativa habitacional a los afectados. Iglesias pone así en riesgo el 4,2% de la inversión total dedicada al inmobiliario residencial en nuestro país. Pero el daño puede ser mayor considerando que la inseguridad jurídica con la que amenaza Podemos puede afectar a otros fondos e incluso a propietarios particulares. Se plantea así el grave riesgo de que la prometedora recuperación del inmobiliario español se trunque y el acceso a la vivienda se dificulte aún más.