A la hora de evaluar los daños que la epidemia provoca en las empresas españolas suelen invocarse los perjuicios en sectores como la hostelería y el turismo, donde la actividad se redujo de modo drástico o directamente se paralizó.
Pero el impacto es mucho más generalizado en el tejido empresarial. Basta con considerar que el año pasado las bajas laborales se triplicaron en nuestro país respecto a 2019, hasta sumar más de tres millones. Y el 75% de esas ausencias estuvieron directamente relacionadas con el coronavirus. Se trata de un serio golpe para la productividad de las empresas y para las arcas públicas, ya que implica un gasto extra para la Seguridad Social de 1.350 millones. El único recurso fiable para atajar esta situación es una campaña de vacunación rápida y eficiente, pero la UE no ha estado a la altura. El problema no sólo estriba en su deficiente negociación con los laboratorios, tras firmas unos acuerdos que no prevén penalizaciones en caso de incumplimientos como el que AstraZeneca protagonizó el mes pasado. Existe un problema aún más básico, que afecta a los recursos movilizados para asegurar el abastecimiento del fármaco. EEUU destinó a este fin 18.000 millones, una partida cinco veces superior a la propia de la UE, pese a que la Unión cuenta con un volumen de población superior (446 millones de europeos frente a los 328 millones de estadounidenses).
La política de la UE de conseguir las vacunas al menor precio posible tendrá un alto coste en otros ámbitos
La prioridad en el Viejo Continente estribó en conseguir los antídotos a los precios más bajos posibles, pero ese ahorro se traduce en un alto coste en otros capítulos. Así, la tasa de vacunación europea es tres veces menor que la estadounidense y la recuperación económica afronta en la UE un primer semestre plagado de incertidumbres.
