Estos últimos meses, se han presentado en España dos proyectos que aunque parece que no tienen una relación directa entre ellos, sí que pueden convertirse en la base de un cambio positivo y de gran profundidad para la movilidad de una parte importante del país.
Por un lado, el Gobierno ha impulsado una serie de medidas que introducen modificaciones en la Ley de Tráfico. Estos cambios tienen como principal objetivo reducir el número de víctimas de accidentes de tráfico, pero también introducen por primera vez, normas y pautas de comportamiento para los usuarios de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) o, para ser más claro y poner un ejemplo, los patinetes eléctricos (compartidos o no).
Así pues, se pone cierto orden a un ámbito de la movilidad que aunque novedoso, ya es una realidad, y que todavía no había sido abordado. Aunque parezca menor, estos cambios son de gran calado ya que permiten incorporar estos dispositivos al código de la circulación y terminar así con una desregulación que no ha sido en ningún aspecto, positiva.
Porque como todo el mundo habrá percibido, en los últimos años han proliferado en nuestras ciudades un gran número de patinetes, bicicletas y otros medios de transporte que anteriormente no eran comunes en nuestro país. Sin ir más lejos, a raíz de la crisis generada por el Covid, la demanda de bicicletas (también eléctricas) se ha triplicado hasta el punto de tener que apuntarse a una lista de espera para poder comprar una.
La regulación, imprescindible para impedir comportamientos individuales incívicos
Sin embargo, la convivencia de estos nuevos medios de transporte con peatones y coches, no ha resultado siempre en experiencias positivas. Desde su popularización en España, bicis, patinetes, ruedas giratorias y demás artilugios han invadido nuestras aceras dificultando a veces el paso de los peatones y debido a un mal uso individual, provocando también algún que otro accidente.
Todo ello ha sido posible debido a la laguna normativa en la que se encontraban estos (ahora ya sí) vehículos, y que hasta el momento eran considerados poco más que "juguetes". Hasta este momento, la administración no se había tomado en serio una nueva realidad en la movilidad que había que normalizar y regular. Precisamente, el limbo normativo que ahora (nunca es tarde) se corrige, ha permitido que empresas de vehículos compartidos, pudieran hacer y deshacer a su antojo sin ningún tipo de temor a sanción o represalia. Esta situación de alegalidad ha ido evolucionando hasta llegar a una situación insostenible en la que algunos consistorios han decidido prohibir la oferta de estos servicios a la espera de una regulación nacional. Porque aunque algunas ciudades sí dieron el paso y establecieron normas para la instalación de vehículos eléctricos compartidos, la gran mayoría de ciudades españolas, han preferido esperar a que el Gobierno central fuera quien diera el paso.
La regulación en este sentido era pues imprescindible para evitar comportamientos individuales incívicos que además han contribuido a generar un estado de opinión mayoritariamente negativo hacia el uso y proliferación de los vehículos eléctricos compartidos. De esta manera, esta mala praxis puntual, ha impedido que la conversación abordara las contribuciones positivas de estos vehículos en materia de sostenibilidad, mejora de la fluidez y transformación de la movilidad urbana hacia un modelo más sostenible, mucho menos contaminante y sin duda, más accesible. En cualquier caso, hay que celebrar la modificación normativa ya que supone un paso adelante en favor de la pacificación de este ámbito.
Por otro lado, la segunda iniciativa presentada recientemente y que sin duda también será de gran calado, es el proyecto de transformación de la ciudad de Barcelona. La ampliación del programa de "superislas" del consistorio barcelonés, tiene como objetivo fundamental la transformación del modelo de ciudad. Barcelona una vez más apuesta por la evolución y quiere convertirse en una ciudad más sostenible, más saludable, más verde y más humana, por otro lado, el único modelo de ciudad en el futuro.
Sin duda, la iniciativa del gobierno barcelonés es un programa razonable y muy bien intencionado dado que la tendencia es que vivamos cada vez más en ciudades, tendencia que además seguirá aumentando en los próximos años. Sin embargo, la transformación por sí sola de las calles, es una medida que aunque necesaria, no será suficiente para que las ciudades evolucionen hacia un modelo más sostenible en el que la experiencia vital sea más humana y saludable.
Para lograr ese objetivo, necesario a todas luces en tiempos de pandemia y de emergencia climática, la movilidad de los ciudadanos deberá también transformarse, dejando atrás vehículos privados contaminantes y apostando definitivamente por nuevas soluciones y vehículos que sean más sostenibles, menos contaminantes y, en la medida de lo posible, más económicos.
Por eso, y teniendo como objetivo la evolución de las ciudades hacia espacios más habitables y humanos, tanto la modificación de la Ley de Tráfico como el proyecto de "superislas" de la ciudad de Barcelona, son proyectos complementarios. Si la ciudad de Barcelona quiere transformar la experiencia vital en la ciudad, las normas introducidas en la Ley de Tráfico deben ordenar el nuevo modelo de movilidad.
En cualquier caso, ambas medidas serán positivas para los ciudadanos ya que sin ciudades habitables y sin normas que regulen la nueva movilidad, el futuro no será negro, pero si gris, como la polución.
