El año del ya llamado Gran Confinamiento sólo podía suponer un revés para la gran banca española. En concreto, las entidades acumularon unas pérdidas conjuntas de 5.500 millones.
Pero estos números rojos no son el único reflejo de los daños provocados por 2020. Debe también considerarse que el sector acumuló, al cierre de ese ejercicio, casi 160.000 millones en créditos y en líneas de financiación con riesgo de impago. Conviene evitar las alarmas precipitadas, puesto que no son préstamos que hayan incurrido ya en mora, pero debe reconocerse que constituyen una amenaza latente de gran calado para los bancos. En primer lugar, debido a que su volumen ya equivale al 8% de la cartera crediticia, y su ritmo de crecimiento se muestra especialmente rápido. Sólo en el pasado trimestre la categoría de préstamos que requieren una vigilancia especial se incrementó en un 20%. Es también cierto que están en vigor los avales del ICO y el proceso para que puedan prorrogarse. Sin embargo, esas moratorias serán imposibles en los numerosos casos en los que el agravamiento de la crisis provocará la insolvencia de los prestatarios. Existe la posibilidad de que el aluvión de impagos se demore a 2022, pero esa dilación no le resta gravedad. Aunque los bancos ya han hecho un gran esfuerzo para afrontar ese escenario, acumulando provisiones por valor de 25.000 millones, no es momento de que relajen esa medidas preventivas (como empezó a verse en el segundo semestre de 2020).
El rápido crecimiento del crédito en riesgo de impago obliga a las entidades a seguir elevando sus provisiones
Tanto el BCE como el Banco de España instaban a finales del año pasado a seguir aumentando esas partidas ante el posible avance de los impagos. Esa directriz es especialmente valiosa en 2021 ante las nulas expectativas de un final próximo de la crisis.
