En enero de 2019 existían en España, entre autónomos, microempresas y pequeñas y medianas empresas, 2.886.759 sociedades inscritas en la Seguridad Social, lo que significaba el 99,8 % frente al 0,2 % de grandes empresas. El primer grupo englobaba un total de 10.410.325 trabajadores. La Comunidad de Madrid en el concepto PYME tenía 524.425 empresas frente a 1382 con más de 250 trabajadores.
Esta pequeña fotografía nos puede mostrar la importancia que las PYMES tienen en la economía productiva. Su aportación a la producción de las grandes empresas es de un elevado porcentaje así como la financiación de los proyectos que, por lo general, también recae sobre las espaldas de las PYMES.
El discurso político siempre se ocupa, en referencia al mundo empresarial, de cómo entienden la importancia del sector de las PYMES. Sin embargo, la pregunta debería ser otra: ¿En qué medida se sostiene el apoyo real con el discurso? Me atrevería a afirmar que cercano al cero, ya que si estudiásemos el modelo financiero de estas, veríamos cómo en un alto porcentaje se encuentra sustentado por el patrimonio personal de los socios de las empresas, que además, forman parte activa de los recursos humanos de las mismas.
Así pues, no es complicado entender que nos hallamos ante un problema de alto riesgo. Estamos viviendo ante una crisis de dimensiones incalculables. Nos encontramos con la necesidad primaria de proteger nuestra salud, que es el primer alto riesgo que vivimos y, además, debemos tomar medidas de protección ante el paro económico que concurre esta segunda crisis.
La Administración central estableció una serie de medidas encaminadas a la protección, en especial de las PYMES, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Se creó un instrumento de avales por un total de ciento cuarenta mil millones de euros; esto significaba que la solicitud de financiación por estas empresas se veía avalada en un 80% por el ICO. Ahora veamos en qué se tradujo esto: primero las entidades financieras, en un buen número, aprovecharon esta circunstancia para trasladar estos avales hacia la financiación que ya tenían otorgada, cancelaron los préstamos y los volvían a conceder bajo el paraguas de estos avales. Una maniobra que les garantizaba el cobro de los mismos y, por tanto, no se generaban ayudas reales para luchar contra la crisis económica.
Nadie mueve un dedo por el futuro de un sector clave para nuestra economía
Además de esto, cuando una empresa solicitaba una nueva financiación, los bancos les obligaban a avalar el 20 % restante al crédito del ICO. El riesgo de las entidades bancarias se reducía así a cero. No es entendible que no se analice el proyecto o empresa a financiar y, en base a ello, esto sirva como mejor aval. No obstante, a las entidades financieras no les ha preocupado en absoluto.
Pero no nos desanimemos, pues la PYME que se vea ante esta tesitura puede optar por acudir en Madrid a una Sociedad de Garantía Recíproca denominada AVALMADRID, creada en 1985 por la Comunidad de Madrid y cuyo objeto social, según sus estatutos actuales, es el siguiente: "La Sociedad tiene por objeto el otorgamiento de garantías personales, por aval o por cualquier otro medio admitido en Derecho, distinto del seguro de caución, a favor de sus socios, para las operaciones que estos realicen dentro del giro o tráfico de las empresas de que sean titulares".
La banca aprovechó los avales ICO para garantizarse el cobro de préstamos ya concedidos
Deberíamos pensar que aquí sí valoran el proyecto o empresa y otorgarán el 20 % adicional que demanda la entidad financiera, pero… ¡sorpresa! Lo que sucede es que nos piden que debemos garantizar el aval y esto nos lo solicita una organización destinada a apoyar a las PYMES, compuesta por la Comunidad de Madrid, la Confederación Empresarial de Madrid- CEOE (CEIM), la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, Bankia y el Banco Santander. ¿Para qué sirve y cuál es la utilidad de AVALMADRID? Mejor la cerramos y nos evitamos trabajo, esperanzas y dinero público.
Creo firmemente que el futuro de las PYMES está exclusivamente en manos de ellas, que Administraciones Públicas, entidades financieras, SGR (Sociedad de Garantía Recíproca) y otras instituciones no mueven ni un dedo por el futuro de estas. Así que mejor piensen en verdaderas fórmulas de organización y representación si no quieren terminar en el más puro y absoluto abandono.
