Opinión

Enero de 2021, nuevo escalón para la transparencia fiscal

La transparencia es cada vez más exigente para las empresas

La sostenibilidad ha pasado a jugar un papel esencial en la agenda de los consejos de administración de las empresas. Primero fue el Real Decreto-ley 18/2017 y, ya con más detalle, la Ley 11/2018 sobre información no financiera y diversidad, normas que incorporaron a la legislación española la obligación de hacer pública la información sobre sostenibilidad, aunque ya con anterioridad numerosas empresas estaban publicando sus informes de esta materia alineados con los estándares internacionales.

Desde hace años, EY analiza en un informe los Estados de Información No Financiera de las empresas que integran el Ibex 35 y muestra en sus conclusiones el progreso que en esta materia están registrando las empresas españolas. Según el último publicado, en el ámbito más concreto de la información de carácter fiscal, se ha podido constatar una mejora respecto a ejercicios anteriores. Así, se ha registrado un importante aumento tanto en las empresas que comunican los beneficios obtenidos país por país como respecto de la información sobre los impuestos pagados en cada jurisdicción. Sin embargo, ha habido un pequeño descenso en el número de empresas que informan sobre las subvenciones recibidas.

Esta transparencia supone un reto añadido a la función fiscal, incrementando las exigencias sobre la necesaria coordinación de la información interna, la suministrada a las administraciones tributarias y la recogida tanto en la Información Financiera como en los Estados de Información No Financiera.

Transparencia que, en determinados casos, se puede ver incrementada a partir ya del mes de enero de 2021. El nuevo estándar publicado por la Global Reporting Initiative (GRI) en relación con temas fiscales (GRI TAX 2019) va a reforzar de manera esencial la transparencia fiscal de aquellas empresas que preparen sus EINF o informes de sostenibilidad de acuerdo con los estándares del GRI, en modalidad exhaustiva o esencial.

Conforme a este nuevo estándar se van a tener que hacer públicos, entre otros aspectos, cuál es la estrategia fiscal, cómo se involucran los órganos de gobierno, la postura ante el riesgo fiscal y la relación cooperativa con las administraciones fiscales y con los grupos de interés relevantes en el área fiscal. En muchos casos, esta información ya era proporcionada por las empresas españolas, pero supondrá un avance en su sistematización y homogeneización.

Por otro lado, la tributación adecuada y justa de las empresas, en cada una de las jurisdicciones en las que operan, se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los grupos de interés y esto se ve reflejado en los nuevos estándares de sostenibilidad. De esta manera, se requiere mucha más información sobre las principales magnitudes fiscales en cada jurisdicción, información que va más allá de la exigida de manera obligatoria en el informe país por país (el conocido como CbCR, Country by Country Report), y con un mayor ámbito de aplicación que éste.

En definitiva, si bien hemos de constatar el avance de las empresas españolas en el ámbito de la sostenibilidad y de la transparencia fiscal, también debemos resaltar cómo estos requisitos son cada vez más exigentes y demandan un esfuerzo y trabajo continuo por parte de nuestras empresas para poder cumplir con unos estándares internacionales cada vez más exhaustivos.

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