La segunda oleada de la epidemia, con el auge de los Ertes que conlleva, ha vuelto a poner a los Servicios Públicos de Empleo (Sepe) en una situación aún más dramática que la vivida durante el primer estado de alarma.
La mejor prueba de ello radica en que es el propio organismo el que ahora alza la voz hacia sus superiores en el Ministerio de Trabajo para reclamar una inversión de 132 millones destinada a reforzar sus medios tanto humanos como tecnológicos. Ante las protestas del propio Sepe, resulta ya insostenible la estrategia negacionista que el equipo de la ministra Yolanda Díaz ha mantenido desde el inicio de la crisis, como única defensa Díaz siempre esgrimió que los retrasos en los pagos a los afectados por Ertes eran minoritarios y que, en los casos en los que se produjeron, se debían a fallos técnicos excepcionales. Ahora, sin embargo, las reivindicaciones del Sepe desvelan que existe un problema crónico de obsolescencia de los equipos informáticos, muchos de los cuales tienen cerca de 3o años de antigüedad. No puede decirse que éste fuera un problema heredado ante el que Trabajo carecía de capacidad de reacción. Muy al contrario, el Ministerio se permitió, durante un tiempo prolongado, rechazar la ayuda externa que le ofrecieron otros departamentos del Gobierno mejor preparados tecnológicamente. Los problemas sin resolver de entonces amenazan ahora con empeorar no sólo porque los efectos de la segunda ola del Covid están lejos de acabar y se espera otro aluvión de Ertes.
Ahora es el propio Sepe el que denuncia una caótica situación que el Ministerio se ha afanado en negar desde el inicio
Además, los perjuicios para los trabajadores se agravan, ya que reciben prestaciones mal calculadas por las que tendrán que hacer frente a devoluciones en el futuro. Trabajo debe atajar ya el colapso del Sepe.
