Opinión

Ley educativa que ahoga el talento

Isabel Celaá, ministra de Educación

La octava ley educativa de la historia democrática española echó a andar esta semana con su aprobación en el Congreso. La votación en la Cámara, ganada por ajustada mayoría, obliga a lamentar que vuelva a legislarse en nuestro país sobre el que es el pilar fundamental del desarrollo social y económico sin contar con un amplio apoyo.

Pero la falta de consenso no es la única de las graves deficiencias de la Lomloe. El Gobierno aseguró que su propósito era revertir el daño a la igualdad de oportunidades que atribuyó a la Ley Wert. Por ello, sorprende aún más el modo en que la nueva norma traiciona ese supuesto afán igualitario. Son precisamente los colectivos vulnerables de la sociedad, por sus problemas físicos o psicológicos, los que serán relegados tras el vaciamiento que sufrirá la educación especial. No menor resulta el daño infligido a otro valor democrático fundamental, como es la libertad de elección de los padres sobre la formación de sus hijos, con los ataques a la educación concertada. Pero puede afirmarse que el colectivo más damnificado es el conjunto de los jóvenes, que serán los trabajadores del futuro. Resulta inaudito que se haya olvidado la experiencia de la Logse y vuelva a implantarse un sistema que descuida el fomento de la excelencia y del esfuerzo en aspectos tan básicos como la evaluación del conocimiento de los alumnos, dando primacía a baremos subjetivos. La minusvaloración del mérito imposibilita que aflore el talento y la capacitación que decidirá el futuro de los jóvenes.

Una deficiente formación constituye un problema en todo tiempo pero sus consecuencias, en términos de paro juvenil, se antojan incalculables en una economía abocada a una revolución tecnológica sin precedentes.

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