El profesor José Antonio Herce escribía hace poco a propósito de la pandemia lo siguiente: "Si el nivel de la Sanidad española estuviera a la altura de la Educación estaríamos todos muertos".
La incapacidad de los partidos españoles para acordar leyes razonables y consensuadas sobre el sistema educativo es la muestra más palpable de su incompetencia política. Una incompetencia llena de prejuicios ideológicos, incluidos por un lado los religiosos y, por otro, los llamados "pedagógicos".
En verdad, el Ministerio de Educación, cuando ha estado regido por el PSOE, se ha convertido sistemáticamente en un nido de pedagogos. Un muy conocido y apreciado catedrático de Física de la Complutense me dijo una vez lo siguiente:
"Joaquín, tú sabes que estoy en contra de la pena de muerte, pero la verdad es que yo haría una excepción con los pedagogos".
El proyecto de ley de Isabel Celáa no recompensa el mérito ni la capacidad de los alumnos
Y de esa ideología pedagógica vienen algunas de las propuestas contenidas en el proyecto de ley de Celáa (LOMLOE), según la cual un alumno pasará de curso aunque suspenda todas las asignaturas. O sea, "Educación y descanso". La negación del esfuerzo que todo aprendizaje lleva consigo. Y uno se pregunta: ¿Es esto progresismo?, ¿así se crea la palanca para la igualdad de oportunidades?, ¿dónde se premia aquí el mérito y la capacidad de los alumnos?
Pero el mencionado proyecto de ley ha traído consigo más madera. En efecto, el Grupo Parlamentario Socialista, junto a otros grupos, ha propuesto y aprobado una enmienda en la que se suprime del texto original que "el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares".
Aunque la jurisprudencia del Tribunal Constitucional deja clara la interpretación de la Constitución que establece que cualquier lengua cooficial de una comunidad autónoma puede ser vehicular "…pero eso no puede suponer que el castellano deje de serlo porque todos los españoles tienen derecho a conocerla y utilizarla. Al hablante no se le puede imponer la obligación de conocer una lengua que no tiene obligación de conocer". Además, "corresponde al Estado velar por el respeto de los derechos lingüísticos en el sistema educativo y, en particular, el de recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado".
Pero, de hecho, el castellano ya no es lengua vehicular en la enseñanza en algunas comunidades autónomas. La enmienda citada consagra, por lo tanto, un error histórico, un ataque a la mayoría que tiene como lengua materna el español, tanto en Cataluña como en el País Vasco.
Por otro lado, la enmienda supone una modificación sustancial de la posición del PSOE sobre un tema central en los acuerdos adoptados en el Pacto Constitucional.
Así se recoge en un documento redactado por Antonio Miguel Carmona y Zenón Jiménez Ridruejo y que hemos suscrito miles de socialistas. El documento concluye así:
"Los abajo firmantes reclamamos que se respete la evidente naturaleza vehicular del idioma castellano en el contexto de la actividad educativa en todo el territorio español, sin perjuicio del desarrollo y la normalización del resto de las lenguas cooficiales reconocidas y garantizadas por nuestra Constitución.
Entidades
