Madrid
Los grupos parlamentarios de PSOE, Unidas Podemos y ERC aprobaron durante el día de ayer en la Comisión de Educación del Congreso que la nueva reforma educativa no incluya el castellano como lengua vehicular en la enseñanza. Esta enmienda ha salido adelante con 26 votos a favor, 16 en contra y la abstención del PNV. La novedad fija que las administraciones garantizarán el derecho de los alumnos a recibir enseñanza en castellano y en las lenguas cooficiales en sus respectivas comunidades autónomas de acuerdo con la Constitución, los estatutos de autonomía y la norma aplicable, pero retirando la frase de: "castellano, lengua oficial del Estado".
Parece que la conocida como "Ley Celaá" está cada vez más cerca de aprobarse. Tras cinco ponencias en las que se han estudiado hasta 1.168 enmiendas al proyecto de ley de modificación de la LOE, el texto resultante pasará a la Comisión de Educación del Congreso. En cuanto a la situación del castellano, el Gobierno ha negado que esta medida suponga "desalojar" al castellano de los colegios y defiende que seguirá siendo tratado como fijan la Constitución y los estatutos autonómicos. No obstante, este argumento no convence ni a PP, ni a VOX ni a Cs, que consideran que sí corre peligro.
¿Qué cambia?
El proyecto de ley aprobado en marzo recogía un redactado muy parecido a la Lomce. Lo que cambia es la última frase en la que se dejará de mencionar la vehicularidad para pasar a mencionar que las autonomías deben asegurar el derecho a recibir la enseñanza en castellano y en las lenguas cooficiales de cada territorio de acuerdo con lo que prevén la Constitución y los Estatutos de Autonomía. En la misma línea que entonces, al finalizar la educación básica todos los estudiantes deberán alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y en el de la lengua cooficial correspondiente.
En la Ley Celaá se borra la obligación de impartir clases en castellano en una proporción "razonable" y no se contempla ningún mecanismo para garantizar clases en esta lengua a las familias que lo reclamen, dejándolo en mano de las CCAA.
Educación de acuerdo con la Constitución
Las primeras reacciones no tardaron en salir y una de ellas fue la de la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, que ha asegurado que los alumnos "pueden estar tranquilos" porque seguirán siendo "educados de acuerdo con la Constitución". Laya se mostró sorprendida por las reacciones a la enmienda: "Lo que dice es que las administraciones educativas garantizan el derecho a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales", explicaba en una entrevista en Onda Cero.
La ministra ha descartado que haya nada "revolucionario" dentro de la enmienda, sino todo lo contrario: se trata de una "garantía para los alumnos a recibir la educación de acuerdo a la legalidad".
PP y Ciudadanos, al Tribunal Constitucional
El Partido Popular y Ciudadanos llevarán ante el Tribunal Constitucional la ley educativa que el Gobierno de Sánchez pretende aprobar junto a sus socios. Así lo avisaba el presidente del PP a través de la red social Twitter y advertía de que Sánchez pretende "permanecer en el poder negociando el futuro de nuestros hijos".
Por su parte, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, aseguraba que su partido se situará "enfrente" de una reforma que supone "blindar un atropello por ley". Según Arrimadas, la marginación del castellano en Cataluña no es una novedad que llegue ahora con esta enmienda, sino que es algo que se ha establecido desde hace años por la inacción política tanto del PP como del PSOE.
En esta misma línea, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha anunciado que su partido pedirá este viernes la dimisión de la ministra de Educación, Isabel Celaá, en la comisión de Educación y Formación Profesional en la que el secretario de Estado dará cuenta de la aportación de los Presupuestos en su departamento. Bal ha explicado que su formación mantiene conversaciones con el PP para sumarse en un recurso conjunto en el Tribunal Constitucional una vez que se apruebe de forma definitiva la eliminación del castellano como lengua vehicular.