La exposición razonada del juez García Castellón solicitando al Tribunal Supremo la imputación del vicepresidente del gobierno ha desatado la fiera declarativa que Pablo Iglesias lleva en su interior, ahora barnizada con un tono paternalista y reposado que esconde hábilmente un total autoritarismo y desprecio por las reglas democráticas y por el discrepante. En ese engolamiento discursivo se zambulló el líder de Podemos para contestar en una emisora de radio a la decisión del juez que claramente le perjudica y le pone en una delicada situación política a juicio de la mayoría de los ciudadanos. Y en sus numerosos argumentos de defensa, Iglesias incluyó lo que los semiólogos denominan falacia de petición de principio: una verdad absoluta contenida en la premisa inicial y que nadie puede contradecir en subsiguientes premisas.
El vicepresidente afirma que es inconcebible que a él le imputen en el Tribunal Supremo por los delitos que le atribuye el juez García Castellón. Todo lo que venga después se va a ajustar a esa premisa principal, por la que él está tan tranquilo ante lo que pueda ocurrir en su futuro judicial en las próximas semanas. Una afirmación que, viniendo de una autoridad del Estado con participación en primera persona en la Comisión del Centro Nacional de Inteligencia mueve como poco al desasosiego. Y una evidente petitio principii que constaría de dos premisas y una conclusión ya predeterminada:
Es imposible que a mí me imputen por esto /
El Supremo estudia si me imputa por esto /
Luego el Supremo no puede de ninguna forma imputarme.
El habilidoso líder político está además lanzando una clara advertencia a los cinco jueces y magistrados que van a decidir si se admite el planteamiento de su compañero de la Audiencia. Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Andrés Palomo, Ana Ferrer y Eduardo de Porres han debido sentir un inevitable malestar al comprobar cómo la segunda autoridad del poder ejecutivo de su país informa públicamente a todos los ciudadanos de que "todo el mundo sabe" lo que van a hacer ellos con la propuesta de imputación. No es cualquiera quien pronuncia esas palabras, es alguien con una elevada responsabilidad institucional, sobre quien pesa la acusación de haber construido una denuncia falsa documentada por un juez en su legítima actividad para ser beneficiado electoralmente al aparecer como víctima de una supuesta conspiración.
Por mucho que se distraiga la atención estamos ante el caso Kitchen de Podemos. El caso Kitchen es la presunta utilización de resortes del Estado (las Fuerzas de Seguridad) con fines partidistas (espiar ilegalmente a alguien y evitar daños al partido en el gobierno). El caso Iglesias, más acertada acepción que la conocida, es la presunta utilización de resortes del Estado (la Justicia) con fines partidistas (hacerse pasar por perjudicado y conseguir ventajas electorales para un partido en el gobierno). Con matices, pero idéntico en su raíz. Los investigados en el primer caso intentaron instrumentalizar el Ministerio de Interior, siempre supuestamente. Los investigados en el segundo caso han intentado instrumentalizar una causa judicial, siempre supuestamente.
Iglesias ha elegido el camino que siempre escoge cuando algo le va mal: arrojar suciedad sobre todo aquél que le cuestiona. Mantiene que las cloacas del Estado quieren impedir que siga en el gobierno y amenaza a los jueces del Supremo afirmando que si le imputan estarían vulnerando el Derecho de una forma sin precedentes en España, porque a él no se le puede juzgar por sus ideas. Argumentos todos ellos que pueden valer para su parroquia de incondicionales, pero que no se sostienen en relación a la acusación que el juez hace sobre su persona: presuntamente revelar secretos, presuntamente dañar un soporte informático con fines de ocultación, y presuntamente simular un delito para beneficiarse de la posición de víctima de ese delito. Responda usted sobre esto, señor vicepresidente, y no nos hable de conspiraciones imaginarias contra su persona.
Sánchez en cambio tiene dos caminos tras la petición del juez al Supremo: aceptar la gravedad del recorrido judicial del caso para cesar a su vicepresidente y aprovechar la circunstancia para quitarse de encima al socio radical (una vez el presupuesto esté aprobado, se entiende), o seguir su propia máxima, que data de septiembre de 2018, de que a él no le dimite ni un ministro más, sea cual sea la acusación que pese sobre cualquiera de ellos. No tardando mucho comprobaremos cómo se resuelve todo este enigma.