La crisis de Abengoa se reabre tras la negativa de la Junta de Andalucía a aportar los 20 millones que le corresponden en el plan de reestructuración de la empresa. El Gobierno autonómico alega que carece de aval jurídico para liberarlos.
Sin duda, el uso de fondos públicos para rescatar firmas en crisis plantea un importante debate, pendiente de resolverse en España. Pero la parálisis es una opción que la Junta no puede permitirse a estas alturas de la negociación. Sus fondos están comprometidos desde el 6 agosto y fue entonces cuando se establecieron como la condición sine qua non para que se desarrolle todo el plan de reestructuración, que cuenta con el placet de los principales acreedores. Si la Junta se desentiende, la quiebra de Abengoa será ya inevitable.