La regulación del teletrabajo llega, finalmente, por decreto-ley pero debe valorarse que el recurso a esta vía de urgencia se hace con el acuerdo de los agentes sociales y eliminando su principal inconveniente.
El riesgo de que se impusieran a las empresas, de modo indiscriminado e inminente, los costes que la nueva ley prevé se ha evitado. Las miles de firmas a las que la pandemia obligó a implementar el teletrabajo ya en marzo siguen sujetas a la ley ordinaria. De este modo, habrá tiempo para que la aplicación de la norma se acuerde en el marco de la negociación colectiva. También existe margen para tramitar el decreto como proyecto de ley en el Congreso, donde se podrá proponer enmiendas. Se evita así que el teletrabajo se convierta en una penalización injusta a las empresas.
