A tan sólo dos semanas de que expire la vigencia de los Ertes de fuerza mayor ligados a la crisis, el alejamiento de las posiciones del Gobierno y de los agentes sociales es preocupante.
Incluso un aspecto tan elemental como el coste que supondría prorrogarlos hasta finales de enero presenta una llamativa disparidad. El cálculo de Hacienda, que sitúa el desembolso entre 4.000 y 5.000 millones mensuales, está muy lejos de los 1.200 millones que estima la patronal. Se alimentan así las sospechas de que el cálculo del Ejecutivo busca justificar una prolongación de los Ertes mucho más restrictiva en su alcance de lo que se esperaba. Esta intención se ve confirmada por la propuesta que ahora formula Trabajo, referente a que la prórroga se limite a empresas vinculadas directamente al turismo. Si se materializa esta condición, muchas empresas de sectores aún golpeados de lleno por la crisis quedarán fuera. Basta considerar el caso de aquellas firmas que ofrezcan servicios de transporte que no puedan demostrar que sus rutas son usadas mayoritariamente por turistas. Pero la gran limitación de la prórroga de los Ertes se calibra mejor considerando el número de trabajadores a los que beneficiaría. Del total de 800.000 personas ahora sujetas a estos expedientes, sólo 120.000 se verían amparadas por la extensión de su vigencia.
Muchas empresas de sectores tan golpeados como el transporte quedarán fuera de la prolongación de estos expedientes
Los cerca de 680.000 empleados restantes continuarían en plantilla de unas empresas a las que, pese a las dificultades que aún sigan atravesando por la crisis, no se les permitirá hacer despidos de carácter procedentes hasta el año que viene. Una prórroga de los Ertes de fuerza mayor bajo condiciones tan limitadas supone imposibilitar la supervivencia de un alto número de empresas.
