La orden específica contra la okupación de inmuebles que ha elaborado la Fiscalía General del Estado defrauda precisamente en el que es su punto más importante: permitir un mayor uso de los desalojos cautelares dictados por los jueces.
La Fiscalía impide el recurso a los desahucios rápidos cuando la vivienda afectada parezca no estar en uso. Miles de inmuebles, sobre todo los que pertenecen a bancos y fondos, se ven así desamparados en la nueva normativa. Su protección no debería depender de una condición tan vaga y difícil de calibrar como la mayor o menor utilidad que se obtiene de un activo de este tipo. La existencia de un legítimo propietario es el criterio que tiene que ser decisivo. De lo contrario, los okupas seguirán actuando con impunidad.
